Santiago de Cuba, 19 ago (AIN) Con la preparación de una nueva fuerza laboral se intensifican las medidas para disminuir la infestación por el Aedes aegypti en esta ciudad, donde la presencia del vector aumenta y con ello el  riesgo de una epidemia.

Julio César Popa, director de la Unidad Provincial de lucha antivectorial, aseguró a la AIN que se trabaja intensamente en la capacitación de alrededor de 400 hombres que trabajarán directamente en la eliminación del mosquito adulto con el tratamiento químico, en todas las casas y centros laborales.

Explicó que se pretende también ofrecer un nuevo curso intensivo para el nuevo personal que se encargará del tratamiento focal, el cual será más prolongado dada la mayor complejidad que presenta la identificación y destrucción de focos del Aedes.

Precisó Popa que en el último ciclo evaluado las cifras en el municipio cabecera aumentaron hasta 0.6, y enfatizó en la necesidad de elevar la efectividad del trabajo por parte del personal de la Campaña de lucha antivectorial, donde se han detectado indisciplinas que han sido sancionadas.

En esta etapa de verano  subrayó- donde las elevadas temperaturas acortan el ciclo de evolución del mosquito, y las lluvias provocan micro vertederos en los exteriores, la responsabilidad que asumen los santiagueros con la prevención es indispensable en el enfrentamiento al insecto.

Hizo un llamado a realizar de forma consciente y sistemática el autofocal familiar y laboral, a velar por la calidad del trabajo de los operarios y supervisores, acompañándolos siempre en las visitas y exigiéndoles una revisión exhaustiva.

Respecto a la situación medioambiental que enfrenta la ciudad como consecuencia de las reparaciones en las redes hidráulicas, incitó a los vecinos a apoyar con el saneamiento e higienización de las calles y la recogida de escombros y desechos sólidos.

Al respecto valoró de muy beneficiosa esta obra, pues una vez que el agua llegue a los hogares con sistematicidad, se irán eliminando los depósitos para acumularla y con ello uno de los principales lugares que se convierten en criaderos del hemófago.

Otras medidas desde los barrios se incrementan, y es el caso de las audiencias públicas, dirigidas a las cuadras de mayor riesgo de proliferación del mosquito, sumando a estas las audiencias “cara a cara”, donde el personal de salud hace un llamado directamente a los moradores que incidan negativamente.

Washington, 19 ago (EFE).- Autoridades estadounidenses advirtieron hoy que unas 1.300 personas podrían haber enfermado por el brote de salmonela que ha obligado al Gobierno a retirar del mercado unos 380 millones de huevos.

Según el Centro de Control de Enfermedades (CDC), hubo 2.000 casos de salmonelosis al ingerir huevo entre mayo y julio, 1.300 más de lo usual en esa época del añlente a 32 millones de cartones de una docena.

Las autoridades han localizado la enfermedad en tres estados, California, Colorado y Minesota, y la vinculan al consumo de huevos de la empresa Wright County Egg, con sede en Iowa.

La cocción de los huevos mata la bacteria de la salmonela, pero aun así los representantes del Gobierno han recomendado que los consumidores tiren o retiren los huevos de esa marca.

Por otra parte, la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, que investiga el caso junto al CDC, señaló hoy que la retirada es “una de las más grandes referida a huevos en la historia reciente”.

Los huevos se comercializaron con las marcas Lucerne, Albertson, Mountain Dairy, Ralph’s, Boomsma’s, Sunshine, Hillandale, Trafficanda, Farm Fresh, Shoreland, Lund, Dutch Farms y Kemp.

La bacteria de la salmonela provoca diarrea, dolores abdominales y fiebre entre ocho y 72 horas después de haber consumido el producto contaminado.

BUENOS AIRES, 19 ago (ANSA)- La organización Médicos del Mundo  advirtió hoy que en Haití “más de un millón de niños, mujeres y  ancianos sobreviven en carpas en espacios públicos” sin  condiciones sanitarias elementales.

La Red de Médicos del Mundo trabaja con clínicas móviles de  atención primaria de la salud en asentamientos de sobrevivientes  en Puerto Príncipe, la capital del país devastada por el  terremoto del 12 de enero.

Médicos del Mundo también presta atención sanitaria en el  Hospital General de Puerto Príncipe, en el Hospital CHOSCAL de  Cite Soleil, así como realiza trabajos sanitarios en las zonas  rurales de Petit Goave y Grand Goave.

“Actualmente Haití sigue siendo en el caso de Puerto Príncipe  podríamos decir una ciudad-carpa, donde más de un millón de  niños, mujeres y ancianos sobreviven en carpas en espacios  públicos con hacinamiento, malas condiciones de vida y falta de  acceso al agua y al saneamiento básico, como con basurales a su  alrededor”, dijo un comunicado de la organización en Buenos  Aires.

Advirtió que “la situación en términos de crisis social y  sanitaria se mantiene casi como una fotografía idéntica de hace  4 ó 5 meses”.

Cientos de miles de familias no tienen cómo sobrevivir en los  campamentos, allí siguen las enfermedades y muertes evitables.  “La crisis en Haití es un proceso que tiende al empeoramiento”,  detalló el responsable de misión de Post-Emergencia en Haití,  Gonzalo Basile.

El médico argentino aseguró que en las zonas rurales, como es  el caso de Leogane, donde fue afectado casi 90% de las familias  y viviendas, la falta de ayuda humanitaria y los problemas de  accesibilidad a los servicios de salud continúan siendo graves”.

En plena emergencia por la crisis humanitaria haitiana,  Médicos del Mundo realizó 5.000 atenciones sanitarias y  consultas con los equipos móviles de salud, con un total de 495  intervenciones quirúrgicas, entre las cuales 9% fueron  amputaciones.

San Salvador, 19 ago (EFE).- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador decretó hoy la emergencia ambiental en una zona al noroeste de San Salvador, alrededor de una antigua fábrica de baterías, cerrada en 2007 por la contaminación de plomo que ocasionó.

“Hemos tomado una decisión que es declarar el estado de emergencia ambiental; esto nunca se había hecho en el país”, dijo el ministro salvadoreño de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, en una rueda de prensa, al anunciar un decreto de su cartera para adoptar medidas de mitigación.

Detalló que la zona en la que regirá la emergencia hay cerca de 700 viviendas y una población calculada en 4.000 habitantes.

La emergencia, que estará en vigor seis meses y podrá ser prorrogada, afecta a un “área comprendida dentro del radio de 1.500 metros a partir de las instalaciones de donde funcionó, hasta el año 2007, la planta de fabricación y reciclaje de baterías ácido plomo de la Sociedad de Baterías de El Salvador”, detalló el decreto.

La empresa, que elaboraba la marca de baterías para automóviles Récord, operaba en un poblado rural de la ciudad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador).

Rosa Chávez explicó que en pruebas efectuadas recientemente junto a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), se detectó que en algunos lugares había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.

“Lo que estamos diciendo es que, aunque la fábrica se cerró hace algunos años, la contaminación sigue ahí”, explicó el ministro a Efe.

El decreto prevé, entre otras medidas, el sellado con asfalto de las calles y caminos cercanos a la fábrica, el acordonamiento en unos 200 metros alrededor de esas instalaciones, restricción de acceso y uso de las zonas donde se detecten concentraciones de plomo que representen un peligro para la salud.

Además, el cierre de pozos artesanales donde las concentraciones de plomo superen el límite máximo permitido, así como la calificación de inhabitabilidad de las viviendas contaminadas, aunque de momento solamente se ha determinado esa situación en una casa del poblado rural Sitio del Niño, donde funcionaba la empresa.

Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica, que fue cerrada por no contar con permisos legales de funcionamiento, puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.

La fiscalía salvadoreña presentó en febrero de 2008 una acusación ante un juzgado en contra de tres directivos y tres empleados de la empresa Baterías de El Salvador por el delito de contaminación ambiental.

En marzo de ese año, el juez de paz del municipio occidental de San Juan Opico, Rafael Menéndez, pidió la detención de los directivos Ronald Lacayo Arg ello, Sandra Lacayo de Escapini y Ofilio Gurdián Lacayo y el embargo de 141 millones de dólares.

Fuentes judiciales explicaron a Efe que el caso pasó a la fase de instrucción, en la que el juez ordenó el inicio de un juicio por considerar que existen suficientes elementos de prueba contra los imputados.

Aclararon que los tres directivos imputados están prófugos y los tres empleados con medidas cautelares se presentan regularmente al juzgado.

La próxima vista en este caso será el 23 de agosto de este año.

Sao Paulo, 19 ago (EFE).- La justicia brasileña condenó a las empresas Shell do Brasil y Basf a pagar tratamientos médicos e indemnizaciones que pueden ascender a 1.100 millones de reales (unos 628 millones de dólares) a ex trabajadores contaminados con sustancias tóxicas, informaron hoy fuentes judiciales.

La sentencia, contra la cual cabe la apelación, fue proferida hoy por la jueza María Inés Correa de Cerqueira César, de la Segunda Sala del Trabajo de Paulinia, municipio del estado de Sao Paulo, en el que funcionó una fábrica de pesticidas entre 1977 y el 2002.

La jueza ordenó que las empresas paguen los tratamientos médicos de todos los ex trabajadores de la planta, situada en el barrio Recanto dos Pássaros, así como de los hijos de los empleados o de colaboradores que nacieron durante o después del periodo en que tuvieron vínculo con la fábrica.

Cada uno de los cobijados por la decisión judicial debe recibir 64.500 reales (unos 36.860 dólares) y las empresas deben pagar además una indemnización colectiva de 622,2 millones de reales (unos 355 millones de dólares) por daños morales, que debe ser depositada en el Fondo de Amparo al Trabajador, según un comunicado de la Procuraduría Regional del Trabajo de la 15  Región.

Según la jueza, citada en el comunicado, “las empresas deberán asumir, en total, con un costo aproximado de 1.100 millones de reales”.

Las dos empresas también tienen cinco días de plazo a partir de hoy para publicar en canales de televisión edictos de convocatoria a los trabajadores afectados por la contaminación y sus descendientes, y la Basf debe hacerlo además en dos diarios de gran circulación durante dos domingos.

Según la Procuraduría Regional del Trabajo, más de un millar de trabajadores de la planta y centenares de familiares serán beneficiados con la sentencia.

La fábrica fue instalada en 1977 por la Shell, que la vendió en 1994 a la Cyanamid, mientras que el pasivo de esta última fue adquirido en el 2002 por la Basf, que cerró la planta dos años después.

Tras las primeras denuncias, estudios del suelo comprobaron la contaminación de las capas freáticas de la zona por sustancias altamente cancerígenas y cantidades significativas de cromo, vanadio y zinc.

A decenas de ex empleados que fueron sometidos a exámenes médicos por haber trabajado en la planta se les diagnosticaron distintos tipos de cáncer, especialmente de próstata o de tiroides, enfermedades del aparato circulatorio, hepáticas e intestinales, además de alteraciones en la fertilidad e impotencia sexual, agregó el comunicado.

La Paz, 19  ago (lostiempos.com).   La Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO) planteará a la Gobernación de Cochabamba realizar gestiones conjuntas para la implementación de un sistema de monitoreo climatológico en áreas de riesgo para prevenir desastres naturales como la sequía, heladas e inundaciones que afectan siembra y cultivos de temporada.

La decisión fue asumida tras una reunión de alcaldes a convocatoria de AMDECO y donde las autoridades explicaron la necesidad de contar con este servicio de monitoreo para prevenir desastres, según un boletín de prensa de la agencia Valle Press.

El presidente de AMDECO y alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, destacó la iniciativa y señaló que es entendible la preocupación de sus pares de otras provincias donde existen severos daños por efectos del cambio climático.

Mencionó el caso de Pasorapa e Independencia, donde la escasez de agua, por una parte, y la presencia de plagas de insectos, por otra, afectaron las actividades productivas agrícolas y pecuarias.

Recordó que también su municipio fue víctima de inundaciones y pérdida de cultivos agrícolas y por ello aseguró que apoya esta iniciativa y acompañará al equipo técnico de AMDECO para las gestiones conjuntas.

Recordó que la Gobernación de La Paz realizó gestiones ante el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN) para implementar el próximo año un programa de monitoreo climatológico.

MANILA, 19 Ago  (AFP) – Las inundaciones mortíferas pueden verse mucho  más agravadas por la destrucción de ecosistemas que por el cambio climático,  estiman expertos del medio ambiente.

La deforestación intensiva, la transformación de pantanos en tierra  cultivable o el crecimiento urbano y la acumulación de basura que obstruye los  sistemas de desagüe son algunas de las razones que acentúan las consecuencias  de las inundaciones, afirman.

“No podemos limitarnos a echarle la culpa a la naturaleza”, declaró Ganesh  Pangare, coordinador regional para el agua y los pantanos de la Unión  Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), radicado en  Bangkok.

“Los humanos hemos invadido las zonas inundables”, agregó.

Para Pangare, un mejor manejo de dichas zonas limitaría las consecuencias  humanas y económicas de los desastres naturales, como las lluvias récord que  han azotado a Pakistán, dejando un saldo de 1.400 muertos.

“Las infraestructuras tienen que estar en lugares seguros. Si no, el  desarrollo de Asia se vuelve insostenible”, puntualizó.

Para Red Constantino, quien dirige en Manila el Instituto del Clima y  Ciudades Sostenibles, el cambio climático se ha convertido en un buen pretexto  para los dirigentes asiáticos cuando ocurren desastres naturales.

“Cuando hay inundaciones de gran amplitud, se le suele echar la culpa al  cambio climático, cuando los problemas se podrían solucionar localmente”,  afirmó Constantino.
“Estemos donde estemos, en Yakarta, Bangkok o Manila, hay cosas obvias que  se pueden hacer, como mejorar la transformación de la basura, el uso de la  tierra o el manejo del crecimiento urbano”, añadió.

Constantino recordó que el temporal tropical Ketsana, que azotó Manila y  sus alrededores el año pasado, provocó las peores inundaciones en 40 años y la  muerte de más de 400 personas.

Si bien la entonces presidenta Gloria Arroyo subrayó la incidencia del  cambio climático, otros factores humanos también incidieron.

Así, millones de personas habían construido viviendas en zonas inundables  en las últimas décadas y se habían destruido bosques aguas arriba, mientras que  la basura obstruía canales. Todo esto agravó el desastre, aseguró.

“Manila está sufriendo las consecuencias de una muy mala planificación  territorial”, máxime que, tras el desastre, no hubo mayores cambios en la  política urbanística.

Para Bruce Dunn, especialista del medioambiente en el Banco Asiático de  Desarrollo, la deforestación en Asia es uno de las principales agravantes de  las inundaciones.

El experto recordó que el estudio de la universidad australiana Charles  Darwin y la Universidad Nacional de Singapur indicaba que una destrucción de  bosques de 10% puede provocar un aumento de la frecuencia de las inundaciones  de 4% a 28%.

En medio de tantas políticas que hacen empeorar las cosas, Dunn citó  algunos ejemplos contrarios, como lo realizado por China en materia de  reforestación tras las grandes inundaciones de los años 1980.