Título: Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, en el trato dado a los mercenarios capturados en Playa Girón.
Title: Compliance with International Humanitarian Law, in the treatment of mercenaries captured in Playa Girón.
Autores
Dr. C. Joel Gonzales García
Dr. C. Vladimir Torres Lio Coo
Dr. C. Pablo Casanova Hernández
Lic. Jorge Miguel Caballero Santuces
Lic. Jarlenys González Cueto
Institución: Escuela Nacional de Salud Pública.
Resumen
En el presente trabajo se examina el tratamiento dado a los prisioneros capturados durante la invasión de Playa Girón (1961), articulando enfoques del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la historia militar cubana y la ética política. A través de un análisis interdisciplinario, se estudia cómo el Estado revolucionario cubano gestionó la detención, el juicio y la liberación de los mercenarios capturados, en relación con los principios del DIH vigente en ese momento, especialmente las normas sobre trato humano, garantías judiciales y protección de la dignidad en contextos de conflicto armado.
Summary
This paper examines the treatment of prisoners captured during the Bay of Pigs invasion (1961), articulating approaches to International Humanitarian Law, Cuban military history and political ethics. Through an interdisciplinary analysis, it studies how the Cuban revolutionary state managed the detention, trial and release of captured mercenaries, in relation to the principles of IHL in force at the time, especially the rules on humane treatment, judicial guarantees and protection of dignity in contexts of armed conflict.
Palabras claves: Derecho Internacional Humanitario, mercenarios, prisioneros, trato dado.
Keywords: International Humanitarian Law, mercenaries, prisoners, treatment given.
INTRODUCCIÓN
El trato dado a los prisioneros de guerra durante la invasión de Playa Girón en abril de 1961 constituye un episodio paradigmático para el estudio del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contextos latinoamericanos (1). En medio de un conflicto breve pero intenso, marcado por tensiones geopolíticas y narrativas ideológicas contrapuestas, Cuba se enfrentó al desafío de aplicar principios humanitarios en condiciones de alta presión política y militar. La captura de más de un millar de mercenarios anticastristas —organizados, entrenados y financiados por una potencia extranjera— puso a prueba la capacidad del Estado cubano para garantizar el respeto a la dignidad humana, incluso frente a actores considerados enemigos de la revolución (1-4).
Estos hechos, tergiversados por el imperialismo y la contrarrevolución radicada fundamentalmente en Miami, acontecidos durante el conflicto en Playa Girón, condujeron a que en tan solo 65 horas las fuerzas revolucionarias de conjunto con el pueblo movilizado en defensa de su revolución asestaran la primera derrota del imperialismo en America, lo que tuvo un impacto a nivel mundial, llegando a afirmarse por Fidel: “Dígase lo que se diga, a partir del Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres”.
El trato a los prisioneros de guerra fue parte esencial de la política humanitaria diseñada por Fidel Castro Ruz durante las acciones en Playa Girón. Esa política se materializó en todos los escenarios: en la atención médica inmediata, la prohibición de maltratos, la transparencia, la búsqueda de la reconciliación y la ausencia de sentencias de muerte (5).
Resulta habitual en el conocimiento común calificar el trato dado a los prisioneros de guerra considerando solo la conducta más o menos violenta de uno o varios captores; algunos opinan que un proceder bruto, grosero o descortés ya basta para calificarlo de indebido. Sin embargo, existen indicadores esenciales, tipificados en las normas y costumbres internacionales, que permiten ofrecer una cualificación objetiva del mismo (6). También es frecuente considerar con estatuto de prisionero de guerra a cualquier detenido, reúna o no los requisitos de combatiente definidos con exactitud en el cuerpo normativo del DIH. Prisionero de guerra, según normas jurídicas, es una condición legal, solo aplicable a un combatiente que ha caído en poder del adversario.
Con independencia de lo estudiado y lo que se conoce hasta el momento en relación a esta temática, existen carencias que se relacionan a continuación: insuficiente conocimiento del trato dado a los mercenarios de la Brigada 2506; falta de un estudio sistematizado que aporte los fundamentos y evidencias del trato dado.
Tal situación permitió enunciar el siguiente problema científico: ¿Cómo fue el trato dado a los mercenarios en Playa Girón?
El presente trabajo se propone como objetivo: Fundamentar, desde una perspectiva jurídico-histórica, el trato dado a los prisioneros capturados durante la invasión de Playa Girón, entre el 17 de abril de 1961 y diciembre de 1962, en relación con los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (7).
I. El trato dado a los prisioneros de guerra en el Derecho Internacional Humanitario
El concepto de “trato dado” a prisioneros en contextos de conflicto armado remite a una relación asimétrica en la que un sujeto —el captor— ejerce control sobre otro —el prisionero—, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Este trato no se limita a las acciones físicas o materiales que se ejercen sobre el cuerpo del detenido, sino que abarca un conjunto de prácticas, omisiones, discursos y estructuras que configuran su experiencia de detención.
En este sentido, el trato dado puede ser entendido como una forma de reconocimiento (o negación) de la humanidad del otro, en la que se juega no solo la legalidad de la conducta del captor, sino también su ética. El trato dado implica, por tanto, una doble dimensión: objetiva, referida a las condiciones materiales y jurídicas de la detención; y subjetiva, vinculada a la percepción del prisionero como sujeto de dignidad. Esta conceptualización permite abordar el fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria, que articule el análisis jurídico con la reflexión filosófica y la memoria histórica.
El Derecho Internacional Humanitario regula el trato a los prisioneros de guerra mediante un conjunto de normas orientadas a garantizar su protección integral durante el período de privación de libertad. El principal instrumento en esta materia es el Tercer Convenio de Ginebra de 1949 (7), el cual establece de manera detallada los derechos de los prisioneros —incluyendo el acceso a atención médica, comunicación con sus familias y protección contra tratos inhumanos— así como los deberes de las autoridades detentoras, quienes deben asegurar condiciones de detención dignas, respeto a la integridad física y moral, y garantías judiciales básicas.
El Convenio prohíbe expresamente la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como cualquier forma de violencia física o moral. Asimismo, garantiza el acceso a atención médica adecuada, alimentación suficiente, alojamiento digno, y el derecho a comunicarse con sus familias y con los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (7), quienes ejercen funciones de supervisión humanitaria en los lugares de detención.
El convenio también establece que los prisioneros no pueden ser juzgados por el mero hecho de haber participado en hostilidades, salvo que se les impute la comisión de crímenes de guerra, y que deben ser liberados y repatriados sin demora al término de las hostilidades. De igual forma, regula las condiciones de vida de los prisioneros, tales como: alojamiento, alimentación y vestimenta (artículos 25–27 CG III), que deben ser adecuados y comparables a los de las tropas del país detentor; higiene y asistencia médica (artículos 29–30 CG III), garantizando atención sanitaria sin discriminación; y religión, actividades intelectuales y físicas (artículos 34–38 CG III), reconociendo el derecho a practicar el culto, recibir instrucción y participar en actividades recreativas (6, 7).
Esta regulación se complementa con los Protocolos Adicionales de 1977 (4,5), que extienden la protección a los conflictos armados no internacionales, reconociendo que la dignidad humana no depende del tipo de conflicto ni del estatus jurídico del detenido. En conjunto, estas normas configuran un régimen de protección que busca humanizar la guerra, estableciendo límites al ejercicio del poder sobre los cuerpos capturados y afirmando el principio de que, incluso en tiempos de violencia, la humanidad no puede ser suspendida.
II. Estatus jurídico de los mercenarios según el Derecho Internacional Humanitario
El Derecho Internacional Humanitario define al mercenario en el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 (5) como una persona que cumple simultáneamente seis condiciones: ha sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado; participa directamente en las hostilidades; lo hace motivada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal; recibe una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes regulares de grado y funciones similares; no es nacional de una Parte en conflicto ni residente en territorio controlado por ella; y no forma parte de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto ni ha sido enviada en misión oficial por un Estado no parte en el conflicto.
Esta definición es empleada también por la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989 (3), reafirmando que tales actividades constituyen delitos que socavan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Según esta norma, los mercenarios no tienen derecho al estatuto de combatiente, lo que significa que: no tienen derecho a participar legalmente en hostilidades; no pueden reclamar protección como prisioneros de guerra si son capturados; y pueden ser procesados penalmente por su participación en el conflicto. Sin embargo, el artículo 75 del mismo Protocolo (6) garantiza a todas las personas, incluidos los mercenarios, derechos fundamentales mínimos, como el derecho a un juicio justo, la prohibición de tortura, y el respeto a la dignidad humana. Aunque no se les reconoce como combatientes legítimos, no pueden ser tratados arbitrariamente ni privados de garantías procesales.
II.I Estatus Jurídico de las personas detenidas durante los combates de Playa Girón
Ya en 1961, la práctica estatal y doctrinal reconocía que los mercenarios no tenían derecho al estatuto de combatiente ni de prisionero de guerra, incluso antes de la adopción del Protocolo Adicional I en 1977 (10-12). Esta exclusión se basaba en la falta de vínculo estatal legítimo, la motivación económica y la participación en conflictos sin causa justa ni reconocimiento internacional.
Los miembros de la brigada no estaban integrados en las fuerzas armadas de ningún Estado reconocido como parte en el conflicto. Su actuación fue encubierta, sin uniforme regular ni cadena de mando conforme a los requisitos del Tercer Convenio de Ginebra (7). El uso de mercenarios para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano violaba el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a la libre determinación, establecidos por la Carta de las Naciones Unidas (3- 6).
La invasión a Cuba por una fuerza mercenaria organizada por una potencia extranjera constituía una agresión armada ilegal, contraria al artículo 2.4 de la Carta. La ausencia de legitimidad jurídica del conflicto refuerza la condición irregular de los atacantes. Aunque la Convención Internacional contra el Mercenarismo fue adoptada en 1989 (3), en 1961 ya existían bases jurídicas suficientes para considerar el mercenarismo como una práctica ilícita, especialmente cuando se violaba la soberanía de un Estado mediante el uso de fuerzas armadas no regulares, motivadas por intereses personales y financiadas por terceros.
La calificación de los miembros de la Brigada 2506 como mercenarios no solo responde a los criterios jurídicos establecidos por el DIH, sino que se ve reforzada por el contexto histórico, la naturaleza de la operación militar y la ausencia de legitimidad estatal en su actuación (10-12).
La calificación de los miembros de la Brigada 2506 como mercenarios tuvo implicaciones decisivas en el plano jurídico. Al negarles el estatuto de combatientes legítimos, se les excluyó de la protección del Tercer Convenio de Ginebra, lo que permitió su procesamiento penal conforme al derecho interno cubano (9). Esta figura, aunque aún en desarrollo en el derecho internacional consuetudinario de la época, ya implicaba la participación en hostilidades por motivaciones lucrativas, sin vínculo con fuerzas armadas estatales reconocidas. En consecuencia, Cuba pudo imputarles delitos como traición, agresión armada y colaboración con potencia extranjera.
III. Trato dado a los mercenarios capturados durante los combates en Playa Girón
El cumplimiento del Tercer Convenio de Ginebra (7) en el contexto de Playa Girón representa un caso singular en América Latina, donde un Estado aplicó normas internacionales de protección a prisioneros de guerra en medio de un conflicto de alta tensión política e ideológica. Cuba, como potencia detenedora, asumió responsabilidades que van más allá de lo estrictamente jurídico, integrando principios humanitarios en su trato a los miembros de la Brigada mercenaria capturados durante la invasión de abril de 1961.
III.I Condiciones de detención y garantías humanitarias
Los integrantes de la Brigada 2506 no calificaban como prisioneros de guerra según los Convenios de Ginebra de 1949, debido a su condición de mercenarios reclutados por una potencia extranjera. El Protocolo Adicional I de 1977 (art. 47) excluye explícitamente a los mercenarios del estatuto de combatiente (6,7).
Pese a ello, el gobierno de Cuba cumplió adecuadamente el Tercer Convenio de Ginebra durante los acontecimientos de Playa Girón. Como potencia detenedora, garantizó el trato humano a los prisioneros de la Brigada mercenaria, respetando su integridad física y moral, sin que se documentaran actos de tortura, violencia o exposición pública degradante (1, 2, 8).
Se reconoció la personalidad jurídica de los detenidos, incluyendo a sus jefes, y se les trató con respeto a su honor, conforme a los artículos 13 y 14 del Convenio. Además, se ofreció asistencia médica adecuada a heridos y enfermos, y se repatriaron 58 prisioneros por razones de salud, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 15 (7).
No se documentaron torturas ni tratos crueles. Los prisioneros recibieron visitas, acceso a información y fueron incluidos en procesos judiciales con garantías mínimas. Esta postura contrastó con las prácticas represivas de la dictadura de Batista y con las violaciones del DIH cometidas por los agresores, como el uso de insignias falsas, bombardeos indiscriminados y ataques a civiles. Tampoco se reportaron discriminaciones por raza, religión u opinión política, y se respetó el derecho a declarar libremente, sin coacción física o moral, en consonancia con los artículos 16 y 17 (6).
Los prisioneros fueron trasladados a instalaciones seguras en La Habana, donde se le garantizó alimentación, atención médica y respeto a su integridad física. El único incidente grave ocurrió el 22 de abril de 1961, cuando nueve prisioneros murieron por asfixia durante un traslado. El gobierno revolucionario reconoció el hecho como homicidio culposo, creó una comisión investigadora y ofreció disculpas oficiales a los familiares, cumpliendo con los artículos 16 y 17 del Primer Convenio de Ginebra (4,5).
III.II Los juicios
Entre los días 29 de marzo y 4 de abril de 1962, se realizaron los juicios contra los mercenarios invasores. Entre los 1 181 mercenarios enjuiciados por los Tribunales Revolucionarios, habían 194 ex militares y ex policías y, de ellos, catorce fueron procesados por causas que tenían pendientes como esbirros y asesinos de los cuerpos represivos de la tiranía batistiana; el resto fue sancionado, fundamentalmente, por los delitos de traición a la patria y se les condenó a pagar altas indemnizaciones y como penas subsidiarias hasta 30 años de cárcel, “con trabajo físico obligatorio hasta que sea satisfecha la indemnización”; de igual forma, se les privó de su ciudadanía cubana (9).
De los mercenarios encausados, 58 fueron enviados a Estados Unidos por estar heridos o enfermos. Los tres principales jefes de la mercenaria Brigada 2506, José Alfredo Pérez San Román, Erneido Andrés Oliva González y Manuel Artime Buesa, fueron condenados a pagar al país cada uno medio millón de dólares de indemnización. Los demás mercenarios fueron sancionados a pagar 100 000, 50 000 y 25 000 dólares, de acuerdo con la responsabilidad que tuvieron en la frustrada invasión. La suma total de la sanción impuesta a los 1 181 mercenarios juzgados ascendió a 62 300 000 dólares (9).
CONCLUSIONES
Los elementos expuestos demuestran que el trato dado a los mercenarios capturados que participaron en la invasión por Playa Girón se alineó con los principios y preceptos fundamentales del DIH, así como con una ética política revolucionaria que reconocía la dignidad del adversario:
• Se garantizó su integridad física, alimentación, atención médica básica y respeto a su identidad.
• El trato evolucionó desde la captura inmediata en combate hasta su reclusión prolongada, con acceso a visitas diplomáticas y observadores internacionales.
• Las prácticas incluyeron juicios públicos con garantías mínimas, y un proceso de negociación humanitaria que culminó en el canje por alimentos y medicinas, lo cual constituyó un gesto de diplomacia ética.
Queda demostrado que Fidel Castro desempeñó un papel central en la conducción, formulación y justificación del trato dado a los prisioneros capturados durante la invasión de Playa Girón, tanto en el plano operativo como en el discursivo y teórico. Su intervención no se limitó a decisiones tácticas, sino que articuló una concepción ético-humanista que orientó la conducta del Estado cubano en un momento de alta tensión política y militar.
En términos doctrinales, esta concepción no solo anticipó estándares normativos que hoy forman parte del corpus del DIH, sino que ofreció una lectura latinoamericana del humanitarismo, donde la ética revolucionaria y la voluntad política se convierten en fuentes de legitimidad jurídica y moral. Así, el liderazgo de Fidel Castro en este episodio histórico constituye un aporte significativo al desarrollo progresivo del DIH en contextos de insurgencia y defensa nacional.
Bibliografía
1. Abrahamsen R, Williams MC. Securing the city: Private security companies and non-state authority in global governance. Int Relat. 2007;21(2):237-253. doi:10.1177/0047117807077002.
2. Andreopoulos G, Brandle S. Revisiting the role of private military and security companies. Ethics Int Aff. 2012. Disponible en: https://www.tandfonline.com.
3. Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Resolución 44/34. 4 de diciembre de 1989. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/44/34.
4. Asamblea General de las Naciones Unidas. Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Resolución 56/232. 2022.
5. Asamblea General de las Naciones Unidas. Utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Informe A/78/261. 78.º período de sesiones. 17 de octubre de 2023.
6. Asamblea General de las Naciones Unidas. El uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Resolución 78/191. 19 de diciembre de 2023.
7. Comité Internacional de la Cruz Roja. Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Ginebra: CICR; 2021.
8. International Code of Conduct Association. Código de conducta internacional para proveedores de servicios de seguridad privados. 2010 (actualizado 10 de diciembre de 2021). Disponible en: https://icoca.ch/es/.
9. República de Cuba. Ley 151/2022, Código Penal de la República de Cuba. Gaceta Oficial Ordinaria No. 93, 1 de septiembre de 2022.
10. Urueña-Sánchez M. Mercenarios y compañías militares y de seguridad privadas. Valencia: Tirant lo Blanch; 2020a.
11. Urueña-Sánchez M. Mercenarios y compañías militares y de seguridad privadas: Estructuración de sus redes normativas. Valencia: Tirant lo Blanch; 2020b.
12. Urueña-Sánchez M. El Derecho Internacional, la regulación de las compañías militares y de seguridad privadas (CMSP) y el mercenarismo: Análisis, falencias y dinámicas. Rev Juríd. 2021;18(1):248-266. doi:10.17151/jurid.2021.18.1.13.
Publicado en: sep 22nd, 2026. 
Título: Eficacia del Derecho Internacional Humanitario para la protección de la navegación marítima neutral en conflictos armados.
Title: Effectiveness of International Humanitarian Law for the Protection of Neutral Maritime Navigation in Armed Conflicts.
Autores
Dr. C. Guillermo Mesa Ridel
Dr. C. Madelin Montes de Oca Diaz
Dr. C. Vladimir Torres Lio Coo
Mr. C. Yudix Ferreiro Rodríguez
Mr. C. Gillermo Mateo Reyes Roig
Lic. Aylenis Pérez Santiago
Institución: Escuela Nacional de Salud Pública.
Resumen: Uno de los fenómenos más complejos en nuestra actualidad es sin dudas el tema de los conflictos armados, y en especial, los que suceden o tienen influencia en el mar. Sus regulaciones en el Derecho Internacional Humanitario han permitido establecer un poco de cordura en este irracional proceso. En el trabajo se refiere en un primer momento a los fundamentos teóricos y doctrinales sobre este tema de los conflictos armados en el mar y se examinan las regulaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) vinculadas al mismo. Se realiza también, un análisis de los conflictos armados contemporáneos, dentro de ellos el conflicto ruso-ucraniano, y en ese sentido se esbozan las violaciones que se han cometido en cuanto a la protección de la navegación marítima neutral. La aplicación del sistema de métodos en la investigación permitió determinar que la eficacia de las normas para proteger la navegación marítima neutral radica en la aplicabilidad de las mismas, que obedecen en gran medida a la falta de voluntad política de los Estados para hacerlas cumplir.
Abstract: One of the most complex phenomena today is undoubtedly the issue of armed conflicts, and especially those that happen or have influence at sea. Its regulations in International Humanitarian Law have made it possible to establish a little sanity in this irrational process. In the work he refers at first to the theoretical foundations on this issue of armed conflicts at sea and the regulations of International Humanitarian Law (IHL) linked to it are examined. An analysis of contemporary armed conflicts, including the Russian-Ukrainian conflict, is also carried out, and in that sense the violations that have been committed in terms of the protection of maritime navigation
neutral lies in the applicability of the same, which are largely due to the lack of political will of the States to enforce them
Palabras claves: Eficacia, Derecho Internacional Humanitario, protección de la navegación marítima neutral, conflictos armados.
Keywords: Effectiveness, International Humanitarian Law, neutral maritime navigation protection, armed conflicts.
I-INTRODUCCIÓN
Los conflictos armados en el mar basan su esencia o justificación no solo en el interés por la utilización y explotación de sus recursos vivos y minerales; también se ven manifestados por razones de índole políticas o hegemónicas hacia otros países (1, 3,4).
En estos conflictos, se emplean zonas como Alta Mar, la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de los Estados Ribereños, como espacio marítimo del teatro de operaciones militares de las potencias con grandes flotas, afectando no solo a los beligerantes, sino también a la navegación marítima neutral que realizan los Estados por esta u otras zonas marítimas como lo son los estrechos y canales, denominados también “pasos obligatorios”. El régimen jurídico a cumplir en estos accidentes geográficos está regulado por el Derecho Internacional para tiempo de paz y durante conflictos armados.
Cuba tiene como una de sus particularidades que las 2/3 partes de su territorio poseen influencia marítima y entre sus características geográficas se pueden resaltarla existencia de accidentes geográficos como el Estrecho de la Florida y el Paso de los Vientos, zonas con un significativo movimiento del comercio internacional, además de tener una posición estratégica favorable para el control y desarrollo de este tráfico marítimo internacional (1).
En este contexto, la eficacia jurídica de la protección internacional de la navegación marítima neutral en conflictos armados reviste particular importancia ya que concierne al necesario vínculo correlacional entre lo jurídicamente normado y el hecho social, requisito sine qua non a la existencia de toda norma (5).
Tomando como base los aspectos antes mencionados se identificaron como situaciones problemáticas las siguientes:
1. Incremento del tráfico marítimo comercial internacional y de los conflictos armados.
2. Desarrollo armamentístico y de las tecnologías asociadas a este, que modifica los métodos y formas para hacer la guerra en el mar.
3. Incremento de las violaciones del uso de espacios marítimos que tienen protección internacional por los Estados neutrales.
4. Insuficientes estudios teóricos sistematizados que den respuesta a la eficacia de las normas jurídicas internacionales relativas a la protección de la navegación marítima neutral durante los conflictos armados en el mar en la actualidad.
Estas situaciones problemáticas nos llevan a identificar como problema de investigación: ¿Cuál ha sido la eficacia jurídica que han manifestado las normas del Derecho Internacional Aplicado a los Conflictos Armados en el Mar (DIACAM) para proteger la navegación marítima neutral en acciones combativas ocurridas en las tres últimas décadas?
En correspondencia con este problema de investigación se formuló, como objetivo: Determinar la eficacia jurídica de las normas del DIACAM para proteger la navegación marítima neutral durante los conflictos armados ocurridos en las tres últimas décadas.
II- Conflictos armados de las tres últimas décadas con incidencias en la navegación marítima neutral
En las tres últimas décadas han ocurrido conflictos armados de trascendencia, principalmente por las consecuencias devastadoras que han tenido sobre todo en la protección a la población, la cual siempre ha sido el eslabón más débil y vulnerable en estas situaciones de violencia, para analizar el impacto de estos conflictos en el mar se hace alusión a cuatro de ellos (4).
1. Guerra del Golfo (Irak) (1990-1991)
Consecuencias marítimas: Este conflicto armado tuvo como consecuencias marítimas un embargo económico apoyado por la resolución 661 de las Naciones Unidas, implementado mediante un bloqueo naval al país.
En este aspecto se viola el artículo 93, sección 2 del Manual de San Remo que establece que “un bloqueo deberá declararse y notificarse a todos los beligerantes y Estados neutrales” cosa que no sucedió así.
Un espacio marítimo afectado por las Resoluciones de las Naciones Unidas es el Estrecho de Ormuz, que pone en comunicación el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, siendo indudable su condición de estrecho “utilizado para la navegación internacional” a que aluden los artículos 37 y siguientes de la Convención sobre el Derecho del mar.
Sin embargo, el derecho al paso en tránsito -algo más que el derecho de paso inocente -no puede ser obstáculo para la ejecución de las sanciones económicas acordadas por el Consejo de Seguridad y, de esta forma, los países ribereños del estrecho (Irán y Omán) no deben impedir la actuación de los buques de los estados miembros de la ONU que cooperan con el Gobierno de Kuwait desplegando fuerzas marítimas en la región.
Por lo que en este conflicto armado se violan los derechos de navegación de los estados neutrales por los estrechos internacionales.
2. Guerra de Cenepa (1995)
También conocida como “conflicto del Alto Cenepa” fue un enfrentamiento bélico ocurrido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995 entre Perú y Ecuador, en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor sobre la Cuenca del río Cenepa, en la amazónica, por el control de una en disputa en la frontera de ambos países, garantizando la protección del comercio marítimo propio para las exportaciones e importaciones, así como el tráfico de cabotaje y el sostenimiento logístico a las Islas Galápagos (6).
El poder naval ecuatoriano tenía la ventaja estratégica marítima, ya que los puertos comerciales del litoral están muy cercanos al Canal de Panamá, lo que sumando a la posición estratégica de las Islas galápagos, le permitían controlar las líneas de comunicación marítimas en el teatro de operaciones militares. El 95% del tráfico comercial del Ecuador era a través del mar; su protección y defensa fue crucial para sostener la economía del país, por lo que el control de estas líneas de comunicaciones marítimas y la presencia de buques mercantes y pesqueros fue cuidadosamente manejados y controlados, por lo que el suministro de combustible para mantener la industria nacional se encontraba garantizado, igualmente con los buques que realizaban la navegación de cabotaje (5-6).
Independientemente que en este conflicto armado se haya hecho empleo de medios navales y se utilizara el mar territorial como espacio geográfico marítimo del teatro de operaciones militares, no existe evidencias de afectaciones a la navegación marítima de estados neutrales durante el desarrollo de estos sucesos.
3. Guerra de Afganistán (2001-2021)
Conocido también como “Libertad Duradera”, fue un conflicto armado entre los Estados Unidos de América y Afganistán que comenzó el día 7 de octubre de 2001 y concluyó con la retira de las tropas el día 30 de agosto de 2021 (1-3).
Este conflicto armado inició con el lanzamiento de misiles cruceros Tomahawk desde buques y submarinos emplazados en el mar de Arabia, aspecto que evidenció el poderío naval estadounidense teniendo en cuenta que Afganistán es un país que se encuentra en el interior de Asia, es un país sin costas.
Este período de tiempo en el que duraron los ataques navales por parte de los EUA al país afgano, la navegación marítima neutral por la zona del mar Arábigo se vió comprometida, teniendo en cuenta la amenaza que representaba para los estados el paso por estas zonas de conflicto: por ello podemos afirmas que se violó el derecho de navegación por aguas y estrechos internacionales en este conflicto armado, en violación a lo establecido en el artículo 38 de la CNUDM que establece “el derecho de paso en tránsito por los estrechos internacionales sin posibilidad de suspensión”
4. Conflicto Rusia – Ucrania (actualidad)
La guerra ruso-ucraniana
La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania, con la participan (de forma no declarada) de los EUA y casi todos los países de la Unión Europea, con el apoyo de Canadá y otros países, que se encuentra actualmente en curso. Inició el día 24 de febrero de 2022. Durante el transcurso de este conflicto han ocurridos violaciones por parte de Ucrania de los artículos 81 y 82 de la sección 1, parte IV del Manual de San Remo que establecen que “las partes en conflicto no deben colocar minas, a no ser que estas queden efectivamente neutralizadas cuando se suelten o se pierda, de cualquier otra forma, el control sobre ellas”, y que “queda prohibido el uso de minas flotante sin anclaje”.
El hundimiento del “Moskva”, buque insignia de la flota del mar Negro de Rusia fue presuntamente blanco de un misil de crucero neptune, que se lanzó después de que se utilizaran drones para desconcertar los radares del barco, avance tecnológico del que aún no existen regulaciones internacionales para su empleo. Turquía decidió cerrar los estrechos del Bósforo y el de los Dardanelos que comunican el mar Negro con el Mediterráneo, a buques de gerra no registrados en la zona, invocando la Convención de Montreaux de 1936 aún vigente, el cual deja en manos de Turquía el control del Bósforo, los Dardanelos y el mar de Mármara, regulando entre otras cosas el paso de los buques de guerra a través de ellos (4). Esta decisión viola el artículo 9 de la “Convención relativa a los derechos y deberes de las potencias neutrales en la guerra marítima” de 1907 que establece “una potencia neutral debe aplicar imparcialmente a los dos beligerantes las condiciones, restricciones y prohibiciones dictadas por ella sobre admisión en sus puertos, radas o aguas territoriales de los navíos de guerra beligerantes o de sus presas”. Esta violación puede comprometer la condición de estado neutral de Turquía en este conflicto. Según fuentes consultadas (3-4), existe una diversidad de criterios sobre el bombardeo al puerto de Odesa por parte de fuerzas rusas. Rusia manifiesta haber atacado un buque de guerra e instalaciones militares ubicadas en la rada de dicho puerto; sin embargo, Ucrania confirma que dichos ataques fueron realizados a objetivos civiles, ambos puntos basan su fundamento en el artículo 41 del Manual de San Remo que establece que “los ataques se limitarán a objetivos militares”. El análisis realizado permite concluir que:
1. En los conflictos armados en el mar incide el empleo de fuerzas navales.
2. Existen violaciones de las normas de derecho internacional, establecidas mediante convenciones de las Naciones Unidas y tratados internacionales.
3. Se demuestra el incumplimiento de estas normas por parte de los beligerantes y estado neutrales, se identifican violaciones de las normas de DIACAM y del CNUDM, que permiten realizar un análisis de la eficacia de su cumplimiento por parte de los países signatarios o no.
4. Se evidencia el empleo de vehículos no tripulados que no se encuentran normados por el DIACAM.
III-Eficacia del DIH para regular la navegación marítima neutral en conflictos armados
La consecuencia de toda norma debe significar el cumplimiento de las funciones para las cuales fue creado el Derecho. La doctrina ha determinado ello bajo la categoría de eficacia, la cual, en dependencia de la posición asumida, estará entonces marcada por análisis puramente jurídicos –eficacia en sentido estricto-, los basados en enfoques sociológicos –a la efectividad, como el cumplimiento de la norma por los destinatarios y su aplicación real por los órganos competentes-, o aquellos signados por análisis holísticos del fenómeno.
Con la primera no habrá dudas en que se aplicará la estricta intensión del legislador, en tanto, en la segunda, si bien coadyuva las cambiantes circunstancias de la realidad, dicha interpretación no deberá conducir a soluciones arbitrarias, sino que deberán hacerse con recelo por resguardar la finalidad de lo normado y en observancia de los mencionados principios informadores del Derecho (4).
Para determinar la eficacia del DIH para regular la navegación marítima neutral en conflictos armados se tiene en cuenta un grupo de interrogantes reconocidas por la doctrina jurídica internacional; a saber:
a) ¿La norma es clara, precisa, o sea, asegura su comunicabilidad?
b) ¿Es eficaz, en el sentido de que cabe prever su cumplimiento por los destinatarios?,
c) ¿Es efectiva, esto es, se lograrán los objetivos planteados?;
d) ¿Es axiológicamente adecuada?;
Con respecto a la claridad de la norma, en principio, las normas que regulan la navegación marítima neutral en conflictos armados es clara, precisa, o sea, asegura su comunicabilidad. Sin embargo, no basta sólo con que las normas se expresen con claras ideas, sino que han de crearse los medios e instituciones necesarios para su aplicación, como las normativas legales secundarias que sean necesarias para instrumentar la disposición normativa y que propicien, a su vez, la realización de los derechos y deberes que de tales situaciones resulten. Y es aquí donde entra a jugar un papel decisivo la voluntad política de los Estados, la cual no siempre muestra un correlato entre lo pactado y las acciones correspondientes (1).
La norma pacta sunt servanda constituye uno de los pilares sobre los que descansa gran parte del Derecho Internacional convencional. Su sola enunciación es, por lo tanto, suficiente para fundamentar, en principio, la obligatoriedad de los compromisos internacionales libremente contraídos por los Estados. (1-6). El artículo 1 de los Convenios de 1949 es común para los cuatro Convenios que conforman ese cuerpo legal y deja claro la obligación irrenunciable de los Estados de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario y por consiguiente a las víctimas de los conflictos armados. Algo similar sucede con el artículo 3 común a los cuatro Convenios, donde se establece que;
– No podrá invocarse disposición alguna del presente protocolo con objeto de menoscabar la soberanía del Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos.
– No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.
Sin embargo, lo cierto es que no todos los Estados encauzan, limitan, garantizan y tutelan adecuadamente la realización de los objetivos y principios del DIH. Si bien las normas que regulan la navegación marítima neutral en situaciones de conflictos armados ofrecen una protección general, lo cierto es que su actual enunciación crea lagunas que atentan contra la sistematicidad, coherencia, y seguridad jurídica, pues no incluye un grupo de situaciones derivadas de los cambios ocurridos en las formas y métodos de hacer la guerra marítima en nuestros días, uso de nuevos armamentos (inteligente, autónomos, semiautónomos, vehículos aéreos y marítimos no tripulados, robots, etc) y presencia de actores y sujetos no contemplados en el momento en que se aprobaron las normativas vigentes.
En cuanto al Derecho de la Guerra Marítima (6-7) se puede señalar que al aplicarlo a los vehículos marítimos no tripulados hay principios que resultan incontrovertibles y que son considerados Derecho Consuetudinario por parte del CICR, por lo cual su aplicación debería ser obligatoria para todos los Estados del orbe. No obstante, lo anterior, hay vacíos y obsolescencia del Derecho de la Guerra Naval cuando se trata de drones y otros armamentos análogos, por lo cual se debería pensar seriamente en hacer un régimen jurídico-internacional más estricto porque los drones tienen un funcionamiento por el cual se puede decidir cuándo desplegar el ataque y por tanto esto debería ser en favor de la población civil no combatiente.
Debido a la proliferación de nuevos actores y sujetos que participan en los actuales conflictos armados, como sucede con las empresas de contratistas privados, también sucede que aquellos buques que navegan por las rutas de navegación empleadas usualmente por los países beligerantes corren el riesgo de ser atacados, debido a que se torna difícil identificar si un buque lleva cargas destinadas al adversario o a un tercero.
En lo concerniente a la eficacia, en el sentido de que cabe prever su cumplimiento por los destinatarios, lo primero que debemos reconocer es que el talón de Aquiles del DIH lo constituyen los problemas relacionados con su aplicabilidad; sobre todo, porque ciertos Estados prefieren, en no pocos casos, hacer la vista gorda ante las responsabilidades contraídas internacionalmente e imponen sus intereses políticos sobre aquella (1-8,9).
Decir que un orden jurídico es ‘eficaz’ significa simplemente que la conducta de los Estados y demás sujetos de DIP se ajustan a dicho orden, pero esto es algo que desborda, por su naturaleza el elemento puramente normativo, pues depende de factores de orden sociológico, político ideológicos y culturales (10).
A ello se suma que, dada la desigual naturaleza, origen y extensión de las normas del DIP, el fundamento de la obligatoriedad de cada una de ellas difícilmente podrá plantearse bajo el prisma de una sola doctrina. Las formas de interpretar una misma norma puede ser diversa, pues es un fenómeno mediado por múltiples aspectos de índole cultural, políticos, religiosos y económicos, entre otros.
Al respecto, consideramos acertada la crítica planteada por González García del Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario, pues la obligatoriedad del DIP no podrá concebirse únicamente con la mera voluntariedad de los Estados; como tampoco es correcto negar la enorme gravitación que tiene el consentimiento de dichos sujetos en la formación del derecho internacional.
El concepto de soberanía absoluta de los estados, así como su consecuente criterio de universalización de la realidad a través de su detento del poder, sobre todo, por parte de las grandes potencias imperialistas, impide que existan hoy las condiciones necesarias para que sea cumplida eficientemente por sus destinatarios. El propio Manual de San Remo de 1994, no puede ser obligatoriamente aplicado a todos por igual, ni todos sus principios están aceptados como derecho consuetudinario, por no contar con la ratificación de todos los Estados (9,10).
La pretendida neutralidad como característica de unas normas no puede ir de la mano de un discurso legitimador de Estado que se piensa así mismo como gendarme mundial. Si bien las normas de DIH existen, y son universales por comprender valores relevantes para la humanidad, en la práctica no van a ser totalmente efectivas, pues no existe convicción de su obligatoriedad, no tanto por el juicio ético que hacen de resaltar valores como la dignidad humana, como si por contener elementos legitimadores de una de las partes en conflicto (4-7).
De modo general, consideramos que la letra y el espíritu de las normas que regulan la navegación marítima neutral en caso de conflictos armados expresan valores sociales y tienen como objetivo la consecución del ideal de justicia imperante en determinada sociedad; el deber ser desde posiciones iusfilosóficas y la no contradicción de los postulados básicos y axiomas del Derecho.
Para Norberto Bobbio (2000, 20), la eficacia es determinar si una norma es cumplida o no por las personas a quienes se dirigen o los destinatarios de la norma jurídica. En primer lugar, el autor explica que toda norma debe tener en cuenta tres criterios de valoración para que se encuentre en un ordenamiento jurídico; estos criterios son: si es justa o injusta, si es válida o inválida, y si es eficaz o ineficaz, estos criterios son independientes entre sí, ya que no se necesitan para existir. Para Bobbio, el criterio de la justicia “es el problema de la correspondencia o no de la norma a los valores superiores que determinan el ordenamiento jurídico, es decir, es preguntarse si la norma es apta o no ante los valores supremos(2). En otras palabras, es la oposición entre lo que debe ser y lo que es”
El CICR opina que, en términos generales, el Derecho internacional humanitario afronta adecuadamente los retos planteados por los conflictos modernos. (…) Por supuesto, siempre es posible esclarecer o desarrollar el marco jurídico con miras a adaptarlo a la realidad y las necesidades en evolución. (…) La convicción del CICR de que sigue siendo válido el derecho existente no debe interpretarse en el sentido de que el Derecho internacional humanitario es perfecto, puesto que no hay rama de derecho alguna respecto de la cual se pueda reivindicar la perfección, y tampoco quiere decir que no nos planteemos preguntas. Sin embargo, cualquier tentativa de reevaluar su pertinencia sólo puede hacerse tras haber determinado que se trata de una carencia de derecho, y no de voluntad política de aplicarlo”.
Este criterio nos resulta acertado al enmarcarlo al DIP, y con ello a las normas consuetudinarias en materia de DIH, las cuales no se hacen depender para su nacimiento de promulgación o publicación alguna; sino de su observancia por un grupo de sujetos internacionales de manera continua y prolongada en el tiempo.
El criterio de Kellenberger es crucial, y nos afiliamos a su postura, sin embrago, consideramos atinado esclarecer que los análisis no deberán excusarse únicamente en las falencias de las normas, pues al DIH también lo comprenden el conjunto de principios propios que en muchas ocasiones suplen las lagunas normativas, y sobre los cuales debe existir acatamiento por todos los sujetos, y que constituyen las pautas por las que los operadores del derecho deberán realizar las interpretaciones y argumentaciones jurídicas al respecto(5).
Otro elemento que afecta la eficacia de las normas objeto de estudio es la ausencia de mecanismos imparciales y eficaces que velen por el cumplimiento de lo establecido en las mismas. La cuestión está en que no solo se debe crear leyes para reglamentar la conducta y proteger los bienes jurídicamente tutelados, sino que se debe velar por que todas estas normatividades sean eficaces o de lo contrario serán inútiles ante todas las circunstancias que van surgiendo a lo largo de la vida, porque, así como se crea normatividad diariamente para proteger los derechos, así mismo se van creando nuevas maneras de vulnerarlos (2,3).
La obligación de proteger la navegación marítima neutral en situaciones de conflictos armados significa que se deben adoptar medidas necesarias destinadas a evitar que otros agentes o sujetos violen tales derechos e igualmente crear los mecanismos necesarios para prevenir este tipo de acciones.
IV-Conclusiones
Después de realizado el análisis de los conflictos armados ocurridos en las tres últimas décadas y las tensiones existentes en la actualidad por obtener el dominio y control sobre determinados espacios marítimos, pudimos arribar a las siguientes conclusiones:
PRIMERO: Las normas del Derecho Internacional Aplicado a los Conflictos Armados en el Mar, no son eficaces, a partir de las frecuentes violaciones por parte de los estados beligerantes.
SEGUNDO: Existen violaciones, desde tiempo de paz, del derecho internacional referidas al derecho de navegación de los Estados neutrales por espacios marítimos que se agudizan durante los conflictos armados y en situaciones de tensión entre Estados.
TERCERO: Las normas de Derecho Internacional presentan insuficiencias al no contemplar en ellas regulaciones para el empleo de medios autónomos no tripulados, los cuales constituyen uno de los avances tecnológicos más empleados en la actualidad en los conflictos armados.
BIBLIOGRÁFIA
1- Cabrera Silva JD. Propuesta del Sistema de acciones, para la formación del DIH en los Instructores Políticos en la EIFAR “General José Maceo” de Santiago de Cuba [tesis de maestría]. Santiago de Cuba: Escuela Nacional de Salud Pública; 2025.
2- Cáceres J. El sistema de eficacia del derecho internacional humanitario. Dialnet [Internet]. [citado 13 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2307488
3- Capote RA. Del sueño al “nuevo siglo americano”. Granma. 17 de septiembre de 2025.
4- Casals Llano J. EE. UU. frente al desplazamiento del eje geopolítico global. Granma. 20 de julio de 2024.
5- Comité Internacional de la Cruz Roja. Implementación del derecho internacional humanitario: De la teoría a la práctica. Ginebra: Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario; 2021. Disponible en: https://shop.icrc.org
6- Comité Internacional de la Cruz Roja. Implementación del derecho internacional humanitario: De la teoría a la práctica. Ginebra: Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario; 2025. Disponible en: https://shop.icrc.org
7- Cruz Roja. Los principios fundamentales en acción: Marco ético, operacional e institucional único. XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 2015; Ginebra, Suiza.
8- González García J. Los valores morales y el DIH: Breves apuntes para su estudio. La Habana: Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH); agosto de 2016.
9- Kellenberger J. El derecho internacional humanitario al comienzo del siglo XXI [discurso inaugural]. XXVI Mesa Redonda de San Remo sobre los Problemas Actuales en el Ámbito del Derecho Internacional Humanitario: Los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra: 25 años después. Retos y perspectivas; 4 de noviembre de 2002; San Remo, Italia. Disponible en: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList98/EF5C95647199D21DC1256DE1006A6B29
10- Prieto M. Validez, vigencia, eficacia y legitimidad: Relación y distinción. Cuba Siglo XXI [Internet]. [citado 13 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/prieto5_310702.htm
Publicado en: ago 14th, 2026.
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Colectivo de autores. Grupo Funcional de DIH.
Dr. C. Joel González García. Profesor Titular.
Dr. C. Carlos Reinel Castillo Cortés. Profesor Titular.
Dr. C. Vladimir Torres Lio-Coo. Profesor Titular.
Dr. C. Pablo Casanova Hernández. Profesor Titular.
Lic. Marbelis Leyet Hernández.
Institución: Escuela Nacional de Salud Pública.
Síntesis: El presente trabajo tiene como propósito revelar los temas fundamentales que debe contener una capacitación en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH) para funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que les permita evaluar la capacidad de un estado inmerso en un conflicto armado, de cumplir sus compromisos comerciales con Cuba, para ello se realiza un breve esbozo del comercio exterior, sus funcionarios, la capacitación así como los temas y contenido fundamental que con tal motivo deba tener esta.
Palabras claves: Capacitación, comercio exterior, Derecho Internacional Humanitario, conflictos armados. Ver más…
Publicado en: may 27th, 2025.
