Principales violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra la población civil de las zonas rurales.
Colectivo de autores. Grupo Funcional de DIH.
Dr. C. Joel González García. Profesor Titular.
Dr. C. Vladimir Torres Lio Coo. Profesor Titular.
Dr. C. Pablo Casanova Hernández. Profesor Titular.
Dr. C. Carlos Reinel Castillo Cortés. Profesor Titular.
Lic. Ligeria Nieto de la Nuez
SÍNTESIS
En Colombia existe un conflicto armado de índole no internacional, que data desde principios de los años 60 del pasado siglo, extendido por la injerencia de los intereses dominantes internos y externos que impiden su finalización. Pese a ello, el 26 de septiembre del 2016 se firmó la paz en la ciudad de Cartagena de Indias.
Durante este conflicto, se cometieron graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte del Ejército Nacional colombiano contra la población civil de las zonas rurales, las que son abordadas desde las ciencias socio-jurídicas, para fundamentar, desde el Derecho Internacional Humanitario, las principales violaciones de los principios y normas del DIH relativos a la protección de la población civil en el conflicto armado de índole no internacional en Colombia desde 2002 hasta el 2012. Como resultado se identificó la violación de los principios y normas del DIH por parte del Ejército Nacional de Colombia mediante la contrastación de las acciones cometidas durante el conflicto con las normas del DIH que regulan la protección a la población civil, corroborando la presencia de violaciones de las normas y principios del DIH, con la existencia de serios crímenes de lesa humanidad. Se concluye que las normas del DIH constituyen el basamento jurídico para analizar la posibilidad de una solución en Colombia, las cuales no fueron respetadas por los diferentes sujetos que intervinieron en este conflicto interno, además no se consideraron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) como beligerantes, por lo que la única alternativa factible de solución a este conflicto se encuentra en el derecho interno de Colombia, en sus cuerpos legales como son: la Constitución de la República, el Código Penal y la Ley Penal Militar con sus respectivas modificaciones.
Palabras Clave: Conflicto, Violaciones del Derecho Internacional Humanitario, población civil.
En Colombia existe un conflicto interno con una prolongada situación de violencia armada, siendo el conflicto más antiguo de América, que ha transcurrido por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años ochenta cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico.
Varios son los sujetos que han mantenido a este país en un estado de crisis, como los paramilitares, las fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y las guerrillas; además de elementos externos que apoyaron dicho conflicto, como la introducción del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos para intensificar su papel y confirmar su primacía con el uso de la fuerza como instrumento de gestión de conflictos. Entre las violaciones cometidas al Derecho Internacional Humanitario (DIH) pueden señalarse los homicidios deliberados, masacres, secuestros, torturas y otras acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población civil. El Estado, que tiene como función principal mantener el orden, no logró controlar las acciones de estos sujetos, pues careció de voluntad política para hacerlo, y permitió la impunidad ante estos delitos, incumpliendo con las normas y leyes del Derecho de los conflictos armados.
Existieron diversas opiniones en relación a la tipificación de la violencia existente en Colombia, pues en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se alegó que realmente no existía un conflicto armado, que era un Estado de derecho y que las alteraciones al orden público causadas por los diferentes grupos guerrilleros, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos armados irregulares, eran consideradas como parte de una amenaza a la paz nacional; mientras que en el gobierno de Juan Manuel Santos se afirmó que sí existió un conflicto armado, pero no hubo reconocimiento del estatus de beligerancia de las guerrillas(1).
En la investigación se abordan las principales violaciones de los principios y normas del Se analizaron y se compararon los instrumentos jurídicos internos de Colombia con los instrumentos jurídicos internacionales consuetudinarios y convencionales del DIH, en los cuales Colombia ha firmado y ratificado, seleccionando los artículos que fueron quebrantados por el Ejército Nacional mediante las acciones perpetradas contra la población civil de las zonas rurales. en los conflictos armados, se caracterizaron las acciones que constituyen violaciones del DIH realizadas por el Ejército Nacional de Colombia contra la población civil de las zonas rurales y se evidenció el incumplimiento de las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario relativas a la protección de la población civil en las acciones que constituyan violaciones del DIH cometidas por el Ejército Nacional de Colombia.
Se analizaron y se compararon los instrumentos jurídicos internos de Colombia con los instrumentos jurídicos internacionales consuetudinarios y convencionales del DIH, en los cuales Colombia ha firmado y ratificado, seleccionando los artículos que fueron quebrantados por el Ejército Nacional mediante las acciones perpetradas contra la población civil de las zonas rurales.
Principales violaciones del DIH realizadas por el Ejército Nacional de Colombia contra la población civil en las zonas rurales.
Durante los años 1998–2002, en el Gobierno de Andrés Pastrana, se registraron 635 violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 577 ejecuciones extrajudiciales), lo cual deja una sistematicidad en la práctica violatoria del derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado.
En el período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 –2006), más de un millón de colombianos fueron desplazados por la fuerza, en su mayor parte campesinos que fueron retirados violentamente y expropiados de sus tierras y hogares por los Escuadrones de la Muerte y los militares, con el pretexto de eliminar a partidarios potenciales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros movimientos sociales. Los campesinos que se convirtieron en líderes locales, fueron asesinados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y por los Escuadrones de la Muerte. También asesinó a más de 500 activistas y líderes sindicales (1).
Según la Unión Europea, más de 300 activistas de los derechos humanos fueron asesinados durante su primer mandato. En los primeros dos años de su régimen, fue responsable del asesinato o de la desaparición de 6148 civiles desarmados en circunstancias de no combate. Evidencia de este complejo cuadro son los más de 50 000 desaparecidos; 10% de su población desplazada; más de 150 000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades (18 pueblos indígenas al borde del exterminio; sectores populares como campesinos, movimientos sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos fueron víctimas de crímenes continuos) como panorama general de degradación de los derechos humanos en el marco de una política de Terrorismo de Estado en Colombia durante las últimas décadas (2).
Evidenciando la magnitud de la problemática, aparecieron las cifras publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). Durante el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006–2010), 1190 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida a manos de agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales). Los meses más críticos en materia de ejecuciones extrajudiciales fueron entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008. Según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, durante este período 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Frente a esta cruda realidad ha imperado la impunidad en materia judicial. De los 535 casos registrados en el período comprendido entre Enero de 2007 y Junio de 2008, en tan sólo 117 se realizó algún tipo de seguimiento jurídico, ya sea judicial o disciplinario, por parte de las organizaciones que conforman la CCEEU (21,9% de los casos); y con el resto (78,1% de los casos) no existió la posibilidad de saber hasta qué punto fueron objeto de algún procedimiento de seguimiento judicial o si permanecen en el olvido de instancias judiciales encargadas de su investigación y esclarecimiento (3).
Los falsos positivos generaron en el año 2008 un escándalo mediático de alcance internacional que causó la expulsión de 27 oficiales del ejército (entre ellos tres generales) y la dimisión del propio Comandante del Ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con violaciones de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación investiga unas 2000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano (4).
Los sectores sociales victimizados fueron los campesinos, los indígenas, los líderes comunitarios, los jóvenes y los menores de edad, y en el contexto de persecución al movimiento social, fueron: organizaciones de víctimas; reclamantes de tierra y recién retornados, organizaciones indígenas, organizaciones de desplazados, organizaciones campesinas, comunidades de paz y zonas humanitarias, organizaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias, organizaciones sindicales, oposición política y protesta social, afrocolombianas, denunciantes y defensores de derechos humanos.
En el segundo informe emitido por la ONU sobre la situación de los niños y el conflicto armado en Colombia, en Enero del 2009 y Agosto del 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se refirió a las “graves violaciones de las que son objeto los niños en Colombia”, como el reclutamiento y la utilización por grupos armados, las muertes y las mutilaciones, los actos de violencia sexual, los secuestros, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación del acceso humanitario. Los niños también han sido utilizados por las Fuerzas Militares para tareas de inteligencia, en contravención del Código Penal de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia (5).
En el documento de la ONU se expuso, que el reclutamiento comenzaba a los 9 ó 10 años de edad y algunos niños, a sus 8 años de edad, fueron amenazados con ser reclutados, lo cual puso en peligro la seguridad de los niños al exponerlos a las represalias de otros grupos armados. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en el 2008, unas 2600 familias desplazadas denunciaron el reclutamiento como causa de su desplazamiento. La ONU advierte que el conflicto armado ha puesto a los niños en peligro de sufrir explotación sexual, y se han recibido denuncias de casos de violencia sexual perpetrada por miembros de las Fuerzas Militares y la policía.
Las Naciones Unidas documentó casos donde las escuelas fueron atacadas durante los enfrentamientos entre Fuerzas Militares y grupos armados no estatales. En junio del 2010, explotó en una escuela rural una bomba presuntamente dirigida a las Fuerzas Militares. Ese mismo año, en mayo, un niño de 11 años murió en el patio de una escuela como consecuencia de una bala perdida disparada presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares. El informe anota que los ataques también van dirigidos a los maestros. Ante esta situación, los niños abandonan la escuela y las escuelas se cierran. De acuerdo con el Observatorio, en el 2010 fueron asesinados 22 profesores. Otros docentes recibieron amenazas por liderar iniciativas comunitarias de rechazo a la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños.
La ONU también advierte restricciones a la circulación de la población civil debido a las actividades de las Fuerzas Militares. “Los puestos de control instalados por las Fuerzas Militares han restringido la cantidad de alimentos, gasolina y fertilizantes que la población civil puede transportar a las comunidades rurales en ciertas zonas de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca”.(5)
Consecuencias jurídicas de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra la población civil en las zonas rurales.
El Derecho Internacional Humanitario se aplica a las situaciones de conflicto armado. Establece principios y normas de comportamiento humano con el objetivo de limitar los medios y métodos para llevar a cabo operaciones militares, tratando de proteger a las personas que no participan en las hostilidades, en especial a los civiles (6).
En el caso del conflicto armado interno existente en Colombia, en el período analizado, se le aplica el Protocolo II sobre conflictos armados no internacionales, el cual se utiliza en aquellos conflictos armados internos que hubiesen alcanzado un determinado grado de intensidad.
En este período, no se reconoció el estado de beligerantes a las guerrillas, aunque se realizaron múltiples diálogos de negociaciones de paz con los grupos armados, lo cual demuestra que el gobierno colombiano ha sustentado de una forma indirecta o reconoció de facto, el estatus de beligerancia de las guerrillas. Estos grupos armados han mantenido enfrentamientos intensos con los diferentes sujetos del orden público en Colombia, como la Policía Nacional y el Ejército Nacional, y las fuerzas ilegales utilizadas por el gobierno colombiano como los paramilitares y las AUC. Las FARC perdieron el estatus de “beligerante” tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel “grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido”.
Se habla de beligerancia ante la existencia de hostilidades interiores generalizadas y arraigadas, conducidas de acuerdo con las normas de la guerra, en un territorio determinado, por un grupo armado, organizado e independiente con anhelos de poder. Los grupos alzados en armas no pueden auto constituirse como beligerantes, pero si cumplen con los requisitos señalados tienen derecho a ser reconocidos como tales, ya sea por el gobierno central o por terceros estados, reconocimiento que puede ser expreso o tácito (6).
El Estado de Colombia figura como Estado parte en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los dos protocolos de 1977 y en algunas normas referentes al Derecho de la Haya, pero no se acatan los preceptos que establecen dichos cuerpos legales. El Derecho de Ginebra ofrece ventajas al gobierno central, pues deja aparte el problema del uso legítimo de la fuerza porque no transforma la naturaleza jurídica del conflicto, ni fija la posición legal de las partes que se enfrentan, es decir, no obstaculiza la labor del Estado para mantener la seguridad interior y para castigar a los responsables de su perturbación. Además, se independiza del derecho de la guerra y convive con el derecho interno. El Derecho de Ginebra no califica la contienda como una guerra, ni reconoce beligerancia al enemigo, y no impide que el conflicto se califique como rebelión o insurrección, ni proscribe un castigo legal, ya que el rebelde puede estar sujeto a pena por parte del gobierno central o de los organismos jurisdiccionales competentes, lo cual fortalece el Derecho interno, ya que al respetarse aquél se legitima éste (7).
Es necesario reconocer que se vivió en Colombia un conflicto armado de grandes proporciones, con diversos protagonistas y factores entrecruzados, lo cual implica que dicho conflicto debió desarrollarse bajo ciertos cánones que debían introducir principios éticos mínimos de respeto hacia la persona humana. Los derechos humanos que cada Estado le debe preservar a sus ciudadanos son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la salud, a la educación, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de pensamiento y de opinión, de reunión y de asociación. Durante la investigación pudo constatarse que el Ejército nacional de Colombia ha violado todos estos derechos, que no solamente se encuentran plasmadas en los Derechos Humanos (DDHH) y en el DIH sino también en la legislación interna de Colombia.
Además, no pueden dejar de mencionarse los principios del DIH, los cuales no deben ser violados por ningún Estado: humanidad, distinción, necesidad militar, inmunidad, reciprocidad, igualdad y proporcionalidad. Los principios humanitarios se encuentran amparados por instrumentos jurídicos internacionales que el Estado colombiano debe respetar y aplicar. Si el gobierno colombiano ha suscrito las normas de Derecho Humanitario, y a través de las normas jurídicas de la República ha aprobado los convenios de Ginebra de 1949, está en la obligación legal y moral frente al país, frente a la comunidad internacional y frente al conflicto mismo, de acatarlos y cumplirlos.
El artículo 3 común a los cuatro convenios, norma un mínimo de trato humanitario en conflictos armados no internacionales, y el Protocolo II, dispone precisamente estos principios. En síntesis, refleja que todas las personas civiles ajenas al conflicto armado deben ser respetadas en su dignidad humana, y condenan y prohíben los atentados contra la vida, la salud y la integridad personal, en particular el homicidio y la tortura; las detenciones sin previa orden judicial; la toma de rehenes; los actos terroristas; el secuestro y los bombardeos; el reclutamiento de menores de quince años de edad como combatientes y exigen el auxilio y socorro para los enfermos y heridos.
El artículo 3 común es aplicable a los conflictos no internacionales, pero no contienen normas detalladas sobre la manera de conducir las hostilidades. Estas normas se encuentran recogidas en el Protocolo I, las cuales forman parte del Derecho consuetudinario internacional y que por tanto son vinculantes para todas las partes involucradas en un conflicto, siendo la mayoría de estas normas de obligatorio cumplimiento en los conflictos armados, constituyendo sus violaciones crímenes de guerra.
La aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado no internacional en Colombia no comporta un reconocimiento de la autoridad o legitimidad de los grupos armados no estatales implicados en él. Las autoridades pueden iniciar acciones legales contra aquellos sujetos que incumplan con las normas del DIH previstos en la legislación nacional, y pueden ser procesados, juzgados y condenados por los delitos cometidos.
En el artículo 48 del Protocolo I se establece la norma fundamental relativa a la protección de la población civil: el principio de distinción, piedra angular del Derecho Internacional Humanitario: “A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”.
Según el artículo 51.3 del Protocolo I, las personas civiles gozarán de protección “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.
En el artículo 52.1 del Protocolo I se estipula que “son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares”. Por lo que dirigir intencionalmente un ataque contra bienes civiles es un crimen de guerra.
El artículo 51.4 del Protocolo I prohíbe los ataques indiscriminados, es decir, aquellos que “pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil”. Los ataques desproporcionados, un tipo de ataque indiscriminado, son aquellos de los que cabe “prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista” (artículo 51.5).
En el artículo 57 del Protocolo I se exige a todas las partes que realicen las operaciones militares con un cuidado constante de “preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil”.
En los artículos antes mencionado se protege el principio de distinción y necesidad militar. Las fuerzas militares colombianas, esencialmente los oficiales que ocupaban cargos de mando, debieron analizar, organizar y planificar adecuadamente las operaciones militares para no causarles graves daños, físicos y materiales, a la población civil de las zonas rurales (7).
El crimen en Colombia se produce con la violación de las leyes colombianas establecidas en su Constitución, en los actos normativos que son de obligatorio cumplimiento, y en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. El ordenamiento jurídico colombiano establece mecanismos estatales y judiciales para prevenir, detener y castigar los crímenes que constituyen sólidas garantías judiciales e institucionales en materia del DIH. El Derecho interno colombiano y el Derecho internacional forman un solo sistema jurídico porque existen normas de Derecho internacional que están incorporadas al Derecho nacional de Colombia y se aplica en los tribunales. El Estado es responsable de las violaciones del Derecho internacional perpetradas por sus agentes o instituciones. Es responsabilidad del Estado velar por que su gobierno, su constitución y sus leyes le permitan cumplir con sus obligaciones internacionales.
La rama ejecutiva del poder público, con el presidente de Colombia como máximo representante, está encargada de ejecutar las leyes y prevenir que se violen normas y leyes a través de la fuerza pública; incluyendo a las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.
El crimen es judicializado en Colombia basado en el Código Penal Colombiano, establecido en la Ley 599 de 2000. En la Constitución promulgada en 1991 se crearon mecanismos clave y se establecieron instituciones del Estado, como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que han desempeñado un papel fundamental en la salvaguardia de los derechos de la población civil. La Corte Constitucional es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Sus funciones se encuentran establecidas en el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia (8).
La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución de Colombia de 1991, y es uno de los organismos de control del Estado Colombiano. Su función es garantizar, promover, divulgar, defender, amparar y proteger los derechos humanos dentro del Estado social de Derecho, “democrático, participativo y pluralista”, así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario. Administrativamente, la Defensoría depende de la Procuraduría General de la Nación, siendo un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado. Es el órgano principal del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. En su calidad de sujeto procesal interviene ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía (8).
La tasa de criminalidad por cuenta del conflicto solo contribuye en un 1% a la criminalidad en Colombia. El grueso de la contribución al crimen se la da a la impunidad o falta de justicia, la pobreza, la falta de Estado, la mezcla de asuntos históricos, económicos, culturales y sociológicos, que apuntan al núcleo familiar como causa principal del crimen, reflejándose índices de casos resueltos bajos, al igual que medidas encaminadas a la prevención eficaz de los delitos, por lo que el servicio a la comunidad, la protección de las víctimas y la prevención de más casos de victimización son retos de las fuerzas militares.
Entre los instrumentos jurídicos y artículos infringidos (quienes protegen y garantizan que se cumplan los derechos de la población civil) se destacan:
- No fueron respetados por el Ejército Nacional colombiano los principios del DIH Humanidad, distinción y necesidad militar.
- En el Derecho Internacional Humanitario se regulan 161 normas consuetudinarias, y el Ejército Nacional de Colombia quebrantó 37 de esas normas.
- De las 7 normas fundamentales que existen en el Derecho internacional, el Ejército Nacional incumplió 2 de ellas.
- En el IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra se infringió el Artículo 3 común:
3.1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
En el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) se vulneraron los Artículos 3, 4, 13, 17 y 18.2 que regulan el trato humano, las garantías fundamentales, los desplazamientos forzados y las acciones de socorro.
4.1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.
4.2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:
- a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;
- b) los castigos colectivos;
- c) la toma de rehenes;
- d) los actos de terrorismo;
- e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
- f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
- g) el pillaje;
- h) las amenazas de realizar los actos mencionados.
4.3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:
- c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades.
En el artículo 13 regula la protección de la población civil:
13.1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
13.2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
13.3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
En el artículo 14 se establece la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.
Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.
En el artículo 17 se prohíben los desplazamientos forzados:
17.1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.
17.2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto.
En el artículo 18.2 se regulan las sociedades y acciones de socorro:
18.2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, acciones de socorro en favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizado sin distinción alguna de carácter desfavorable.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se quebrantaron los artículos 2.1, 6.1 y 24.1:
Artículo 2.1: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 6.1: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 24.1: Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 se violaron los Artículos 10.1 y 10.3.
Artículo 10. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que:
10.1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
10.3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal será sancionado por la Ley. Los Estados deben establecer límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la Ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
En la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se incumplió el Artículo 1.
Artículo 1: A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
En la Convención sobre los Derechos del Niño no se cumplió con los Artículos 2, 6 y 38.
Artículo 2
2.1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Artículo 6
6.1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
6.2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 38
38.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
38.2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
38.3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.
38.4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 25 de mayo del 2000 se quebrantaron los Artículos 1, 2 y 4.
Disponen la prohibición de reclutar a niños menores de 18 años dentro de las fuerzas armadas, así como en los grupos armados insurgentes.
La protección de los niños en el caso de los conflictos debe verse como la necesaria protección a sectores y grupos más vulnerables, lo cual ha sido una preocupación para el DIH. El IV Convenio de Ginebra se estipulan una serie de atenciones especiales que deben recibir los niños como son los siguientes artículos: 23, 50, 51, 81, 82, 89, dicha protección consiste en la obligación de brindar un respeto y una protección especial contra cualquier forma de abuso, velar por su educación, reunirlos con sus familiares y no dictar penas de muerte a niños menores de 18 años de edad.
En las legislaciones internas del Estado colombiano, el Ejército Nacional colombiano debió hacer cumplir las leyes, respetar y proteger los derechos y las libertades de todas las personas. El hecho de que Colombia vivía en un conflicto interno, no suspende esa obligación, ni justifica la inobservancia de los derechos y libertades fundamentales. Se incumplieron por el Ejército Nacional las siguientes leyes y artículos:
En la Constitución de Colombia de 1991 se quebrantaron los artículos 2, 5, 7, 11, 12, 13, 28, 42, 44, 64, 65, 85, 93 y 214.2:
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Constitución; facilitar participación de todos en decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están intimadas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Artículo11. El derecho a vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Por lo que el ciudadano puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.
Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Artículo 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones:
No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.
Los artículos que se relacionan a continuación fueron infringidos por el Ejército Nacional de Colombia, aunque son muy pocos porque la gran mayoría de los delitos cometidos por estas fuerzas militares, los cuales son de índole internacional y no son relacionados con el servicio militar, se encuentran regulados en el Código Penal colombiano (9).
En el Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010) se quebrantaron los siguientes artículos:
Artículo 1o. FUERO MILITAR. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.
Artículo 3o. DELITOS NO RELACIONADOS CON EL SERVICIO. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.
Artículo 14. INTEGRACIÓN. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este Código, son aplicables las disposiciones de los Códigos, penal, procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este Código.
Artículo 87. REPARACIÓN DEL DAÑO. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella.
Artículo 89. OBLIGADOS A INDEMNIZAR. El Estado debe reparar los daños a que se refiere el artículo 87 del presente Código.
En el evento de ser condenado el Estado como consecuencia de un proceso judicial a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un miembro de la Fuerza Pública, aquel deberá repetir contra este.
La justicia penal militar condenará al pago de perjuicios al miembro de la Fuerza Pública penalmente responsable.
Artículo 155. DEVASTACIÓN. El que en actos del servicio y sin justa causa, destruya edificios, templos, archivos, monumentos u otros bienes de utilidad pública; o ataque hospitales o asilos de beneficencia señalados con los signos convencionales, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.
Artículo 165. ABUSO DE AUTORIDAD ESPECIAL. El que fuera de los casos especialmente previstos como delitos, por medio de las armas o empleando la fuerza, con violencia sobre las personas o las cosas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años.
Artículo 167. VIOLACIÓN DE HABITACIÓN AJENA. El miembro de la fuerza pública que abusando de sus funciones se introduzca o permanezca en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas por esta sola conducta incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
Artículo 170. DAÑO EN BIEN AJENO. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) meses. Cuando el monto del daño exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales la pena se incrementará hasta en otro tanto, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
El Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) tiene un capítulo único que regula los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, y los delitos que fueron cometidos por el Ejército Nacional colombiano son:
Artículo 135. Homicidio en persona protegida. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses, multa dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a siete mil quinientos (7.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses. [Inciso adicionado mediante el artículo 27 de la ley 1257 de 2008] La pena prevista en este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario: 1. Los integrantes de la población civil.
Artículo 136. Lesiones en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cause daño a la integridad física o a la salud de persona protegida conforme al Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en las sanciones previstas para el delito de lesiones personales, incrementada hasta en una tercera parte.
Artículo 137. Tortura en persona protegida. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 139. Actos sexuales violentos en persona protegida. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acto sexual diverso al acceso carnal, por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 142. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o males superfluos incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.
Artículo 144. Actos de terrorismo. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2666.66) a cincuenta mil (50,000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 149. Detención ilegal y privación del debido proceso. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres (1333.33) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 152. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligado a prestarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de las personas protegidas, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 156. Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente haya tomado las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque y destruya monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de culto, que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, o utilice tales bienes en apoyo del esfuerzo militar, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses y multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 158. Represalias. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidades a personas o bienes protegidos, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 159. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 160. Atentados a la subsistencia y devastación. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ataque, inutilice, dañe, retenga o se apodere de bienes o elementos indispensables para la subsistencia de la población civil, incurrirá en prisión ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 161. Omisión de medidas de protección a la población civil. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, estando obligado a hacerlo, omita la adopción de medidas para la protección de la población civil, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 162. Reclutamiento ilícito. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004]. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (10).
La privación de libertad ilícita y arbitraria, así como la privación de la vida deliberada e ilícita, son los delitos más graves que han podido cometer las fuerzas militares colombianas quienes, en realidad, están llamados a proteger y promover el DIH y los Derechos Humanos de todas las personas. También ha incumplido con el objetivo de fomentar el bienestar de los menores y protegerlos contra los abusos que se les han realizado.
Existe la norma internacional denomina Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Declaración de las Víctimas), que pese a que, no es un tratado y ni obliga jurídicamente a los Estados, les ofrece orientación sobre la protección y el derecho a obtener reparación de las víctimas de delitos y abuso del poder. En este documento se define como “víctimas de delitos” a: “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder” (artículo 1) (8-10). Se prevén disposiciones sobre el resarcimiento y la indemnización en los artículos 8 al 13, en las que se enuncian una serie de principios sobre los derechos de las víctimas del delito y abuso del poder como son: el Estado debe resarcir a las víctimas cuando el delincuente sea un funcionario público, y si no pudiera obtenerse la indemnización por parte del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar a las víctimas y se fomentará el establecimiento de fondos con esa finalidad (11).
El Ejército Nacional colombiano representa al gobierno de su país, y son comandados por el presidente, y los delitos que han cometido en contra de la población civil de las zonas rurales en el periodo investigado, aún el gobierno colombiano no ha resarcido ni indemnizado los derechos de las víctimas, los cuales se encuentran protegidos jurídicamente en el ámbito internacional y nacional. El bienestar físico y social de las víctimas debió y debe ser la prioridad principal para el Estado de Colombia.
En algunos de los hechos, hubo personas que antes de ser asesinadas por las fuerzas militares fueron torturadas, cuando la tortura es ilícita y su prohibición es parte del Derecho internacional consuetudinario, y se encuentra regulado en el tratado internacional La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, siendo firmado y ratificado por el Estado colombiano.
También se demostró que hubo un gran número de personas que abandonaron sus hogares por causa de los enfrentamientos de las fuerzas militares con las guerrillas, privando a la población civil de las zonas rurales de los medios esenciales para su subsistencia. La pérdida del hogar, del empleo, de la seguridad personal, las amenazas contra la vida y la libertad, la privación de alimentos, la falta de asistencia médica apropiada y de oportunidades de educación fueron consecuencias graves y directas de tales desplazamientos, dejándolos expuestos a otros actos de violencia, desapariciones forzadas y atentados contra la dignidad personal, incluidas la violencia sexual y las violaciones. El gobierno colombiano es el principal responsable del cuidado y protección de las personas desplazadas.
Los artículos seleccionados son aquellos que han sido quebrantados por la fuerza pública de Colombia, es decir, el Ejército Nacional en contra de la población civil en las zonas rurales durante el período 2002 al 2012. La mayoría de los delitos cometidos por el ejército no están relacionados con el servicio militar, como los delitos de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, por lo que los militares deben ser sancionados por el Código Penal colombiano, pero a través de los tribunales militares, es decir, la corte marcial que determina las sanciones penales aplicables a los miembros de las fuerzas armadas. Además, muchas de las violaciones cometidas por los militares fueron por orden de sus superiores, pero no se pueden invocar órdenes superiores para justificar violaciones del DIH, aunque puede ser un atenuante, según el artículo 91 de las Constitución “En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecute. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”.
Los funcionarios estatales no cumplieron con la legislación interna ni con el DIH, los cuales plantean que las personas tienen derecho:
- no ser torturado, o sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
- a no padecer daños superfluos o sufrimientos innecesarios,
- a no ser atacado si soy persona protegida (población civil, médico o religioso),
- la no utilización de ciertos medios de guerra de daño masivo (población y medio ambiente).
En el estatuto de la Corte Penal Internacional, el artículo 5 dispone el juzgamiento de cuatro tipos de crímenes: Crimen de Genocidio; Crímenes de Lesa Humanidad; Crímenes de Guerra; Crimen de agresión. La Corte es un instrumento vital contra la impunidad y la injusticia porque si se establecen responsabilidades individuales y no solo estatales, se hará justicia y se logrará tener una paz internacional. ( )
El análisis de diversos documentos realizado durante la investigación, demuestra la ocurrencia de todos estos crímenes, aunque Colombia es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo ratificó e invocó el artículo 124, el cual permite a un Estado Parte no reconocer la competencia de la Corte para investigar crímenes de guerra durante un período de siete años, por consiguiente la Corte no tiene jurisdicción en el territorio colombiano antes de noviembre de 2009, aunque sigue teniéndola respecto a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
Actualmente, Colombia podría reconocer la jurisdicción de la Corte sobre su territorio porque solamente se han sancionado a algunos oficiales con cargo de mando, y otros se encuentran actualmente ocupando cargos en la actividad militar, y todavía no se ha indemnizado y reparado a las víctimas de las violaciones realizadas por el Ejército Nacional.
La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma, determinados actos, si se cometen contra una población, como parte de un ataque generalizado o sistemático o de la política de un Estado u organización, equivalen a crímenes de lesa humanidad. Entre dichos actos figuran el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado por la fuerza de población, el encarcelamiento u otras formas de grave privación de la libertad física que violen las normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación y otros delitos sexuales, y la desaparición forzada.
Los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, elaborados en 2001 por la Comisión de Derecho Internacional, contienen las normas que rigen la responsabilidad de los Estados. En el artículo 31 se afirma: “El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado”.
Los hechos internacionalmente ilícitos incluyen las violaciones de las obligaciones de un Estado en virtud del derecho consuetudinario internacional y del derecho internacional convencional.
El Congreso de la República aprobó la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En ella se establece que quienes se consideren víctimas del conflicto armado interno antes de la aprobación de esta ley pueden presentar su solicitud para ser inscritos en el Registro en un término de cuatro años contados a partir de la fecha de sanción de la Ley de Víctimas. El aparato legislativo también determinó que las personas victimizadas en el marco del conflicto armado después del 10 de junio de 2011, fecha en que se sancionó la norma, tienen dos años para declarar a partir de la ocurrencia del hecho (14,15).
Para el 1 de mayo de 2015, se había reconocido que el conflicto ha dejado históricamente 7.392.679 víctimas, de las que alrededor de 5,8 millones son sujetos de atención en la actualidad. Gracias al estudio del registro, se observa que el 70% de las víctimas son anteriores al año 2011. Del 30% restante, se aprecia que el 90% corresponden a los años 2011 y 2012. Por este motivo, la Unidad para las Víctimas considera que la gran cantidad de víctimas ya han sido registradas (16,17).
Conclusiones
El Ejército Nacional cometió delitos de lesa humanidad contra la población civil en zonas rurales, lo cual constituye una violación de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario.
En Colombia existe un Conflicto Armado de índole no Internacional, acorde los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 3 común, y el precepto 1 del Protocolo II de 1977, que constituye un complemento al precepto aludido, considerándose como principal responsable de la violación del Derecho Internacional Humanitario al Estado signatario, asumiendo la responsabilidad ante la Comunidad Internacional.
Las conductas prohibidas se encuentran tipificadas en el Código Penal y en el Código Penal Militar de Colombia, quienes constituyen delitos de lesa Humanidad, regulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
A las guerrillas colombianas se les debe considerar el estatus de beligerancia al cumplir con los requisitos que deben tener los grupos armados que se encuentran regulados en el Protocolo adicional I. A la luz del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho interno colombiano existe el marco legal para encausar una solución pacífica del conflicto, con mecanismos viables para solucionar el conflicto.
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Publicado en: nov 1st, 2024.
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