Y las conclusiones que derivan de la realidad que les rodea son muy preocupantes. Veamos ejemplos de ello.

Y comencemos subrayando que todo lo que está pasando, incluso la aparición y expansión de la variante nueva ómicron, era predecible, como ya señalé en múltiples ocasiones. Es, por lo tanto, muy sorprendente que muchos dirigentes, incluyendo el presidente Biden en EE.UU., hayan indicado que nadie se esperaba lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando se creía que estábamos ya viendo el fin de la pandemia, y de pronto apareció una variante del virus en Sudáfrica, que en solo cuatro semanas se esparció por la mayoría de países de renta superior determinando un nivel de contaminación nunca visto antes.

Y es muy probable que otras variantes puedan aparecer, que podrían incluso ser peores. Podríamos enfrentarnos en una futura ola con una variante que además de ser muy rápida y eficiente en su movilidad, fuera muy virulenta, pues no es cierto lo que se está diciendo de que las nuevas variantes tengan que ser menos virulentas que las anteriores. La Delta era más letal que Alfa.

Y este riesgo continuará ocurriendo hasta que no se reduzca el nivel de contagio a nivel mundial. La gente no vacunada es un caldo de cultivo para que se vayan produciendo nuevas variantes. Y hay millones y millones de personas en el mundo que no están vacunadas, predominantemente en países de renta baja.

El hecho de que haya una diferencia tan marcada entre el nivel de vacunación de los países ricos y los países de renta media y baja es un escándalo no solo moral, sino también desde el punto de vista de salud pública. Contrario a lo que el pensamiento liberal, dominante en la mayoría de los países de renta alta promueve, las desigualdades no favorecen ni la eficiencia económica, ni la resolución de los grandes temas sociales, incluyendo la pandemia. Toda la evidencia científica muestra que la solidaridad es una condición para la resolución de la pandemia.

La distribución de las vacunas que ha seguido una lógica comercial ha enlentecido y dificultado la resolución de este gran problema. Un tanto igual aparece en la distribución de las mascarillas y de las pruebas rápidas de antígenos, que se utilizan ampliamente para comprobar si una persona está o no contaminada. Ello explica que el acceso a estos y otros bienes de enorme importancia para controlar la pandemia esté determinado en gran manera por el nivel de renta de la persona y del país. Esta es una realidad de la que no se habla.

Gravedad y coste humano de la pandemia

El análisis del número de muertos debidos a la covid-19 por un millón de habitantes que se han acumulado desde el inicio de la pandemia, nos permite medir la gravedad y el coste humano de tal fenómeno, país por país.

Así vemos países entre los ricos, la mayoría de los cuales están a los lados del Atlántico Norte (que tienen estructuras demográficas parecidas) en los que el número de muertos es muy bajo (como Noruega 247, Finlandia 298 y Dinamarca 583), seguidos de otros con números más altos (como Alemania 1 360, Suecia 1 513, Francia 1 865 y España 1 928), y otros, incluso más elevados (como Gran Bretaña 2 204 e Italia 2 306).

Y terminan esta liga de mortalidad, países de elevadísima mortalidad (EE.UU. 2 521, Polonia 2 639 y Hungría 4 146). Cuando salimos de Norteamérica y Europa Occidental, vemos que hay países ricos como Nueva Zelanda con mortalidad acumulada bajísima (10). Y a nivel mundial, llama la atención, que hay países de renta baja como China (de más de 1 000 millones de habitantes) con bajísimas tasas de mortalidad por COVID-19 (3), mientras que otros, sobre todo en América Latina, tienen tasas mucho más elevadas, como por ejemplo Brasil (2 998) y Perú (6 090).

Estos números ilustran un abanico enorme de niveles de mortalidad que incita a preguntarse el por qué de tal variabilidad. Ni qué decir tiene que muchas son las causas de tal diversidad, pero otra observación que se deriva de tales datos es que el argumento muy utilizado por autores conservadores y liberales de que los países tienen que escoger entre enfatizar las medidas de salud pública para controlar la pandemia o salvar la economía, es una dicotomía falsa, pues se ven muchos países con escasísima mortalidad de COVID-19, resultado en gran parte a su estrategia de control de la pandemia, que tienen un elevado nivel de crecimiento económico, siendo China el caso más claro de ello.

La bajísima mortalidad por COVID-19 en aquel país va acompañada con una elevada tasa de crecimiento económico (8% PIB 2021), siendo China hoy el centro industrial productor de los bienes, como mascarillas, que se están utilizando en los países ricos en tiempos de pandemia. En realidad, en los países ricos, excepto en la industria farmacéutica, ha habido una gran escasez de los productos necesarios para controlar la pandemia, como han sido las mascarillas y muchos otros bienes necesarios para el control de la pandemia, muchos de ellos producidos en China

Errores comunes en la estrategia de control de la pandemia

Es también sorprendente el enorme número de errores que se han hecho en los programas de control de la pandemia. Un ejemplo, es el que, cuando se descubrió el COVID-19, se hizo hincapié (incluso por la Organización Mundial de la Salud – OMS) en el contacto físico con materias infectadas, subrayando la necesidad de seguir una higiene personal, como lavado de manos y otras medidas, sin dar gran importancia a la transmisión aérea, grave error, cuando podía verse desde el principio de la pandemia que el principal medio de trasmisión era el aire y los aerosoles.

Más de un dirigente político e incluso académicos, llegaron a subrayar al principio de la pandemia que las mascarillas no eran importantes, lo cual fue un gran error. Y tuvo un coste, causando una elevada mortalidad que era prevenible. De nuevo, varios subrayamos la importancia de los aerosoles y por tanto de las mascarillas para proteger a las personas que las llevaban, así como a las personas expuestas a los aerosoles procedentes de las personas sin mascarillas.

Es ahí lo que es más que decepcionante; la falta de información por parte de los mayores medios de información sobre este tema. Incluso hoy estamos viendo una enorme distribución de todo tipo de mascarillas, la mayoría de las cuales tienen muy escasa capacidad de protección. Hemos visto recientemente una gran expansión de las mascarillas, debida a la rápida expansión de la nueva variante, elaboradas con materiales inapropiados tales como pañuelos, de limitada protección. Las mascarillas, para hacer la función que se les asigna, deben tener el material y diseño que proteja a las personas que las llevan y a las personas próximas. Hoy, en la gran mayoría de los países en los que se ha analizado este tema (EE.UU. entre ellos), casi el 60% de las mascarillas utilizadas tienen un mínimo de protección.

Esta falta de mascarillas eficaces y accesibles es un fallo del que hay que responsabilizar, en la mayoría de tales países, a las autoridades públicas y a los medios de información. La imagen constante que se promueve (de que estamos en una guerra contra el virus), entra en conflicto con el comportamiento súper laxo por parte de las autoridades hacia aquellos sectores industriales que deberían haber centrado su producción precisamente en la de material que protege al personal sanitario, así como a la ciudadanía, como es el caso de las mascarillas.

En muchos países a los dos lados del Atlántico Norte que lucharon contra el nazismo y el fascismo en la II Guerra Mundial, las muertes en esta “guerra contra el virus” es mayor que la ocurrida en aquel conflicto. En EE.UU., por ejemplo, las muertes por COVID-19 durante los 11 primeros meses del mandato del presidente Biden (411 359 personas) fueron  mayores que las ocurridas en aquella guerra que duró tres años (407 316). El gobierno liderado por el presidente Roosevelt intervino muy activamente la economía estadounidense, mediante el New Deal, nacionalizando amplios sectores directamente relacionados con la guerra, siendo enormemente popular en su tarea de gobierno. Un tanto igual ocurrió en varios países europeos.

Debería considerarse como tema prioritario en los programas de recuperación económica, el cambio del sistema productivo para priorizar la manufacturación y suministro de los bienes y servicios de prevención y atención de salud pública, sanitarios y sociales, puesto que el déficit de tales bienes ha sido enorme durante la pandemia.

Hoy el mundo de la producción sigue el criterio de la comercialización en la distribución de sus productos, lo cual, como he indicado en otras ocasiones, dificulta la resolución de la pandemia.

Los gobiernos de los países ricos tenían que haber presionado para eliminar las patentes de las vacunas durante, al menos, durante la pandemia, y también presionar, por ejemplo, a sus empresas textiles a que produjeran materiales como mascarillas buenas y baratas y así muchos otros productos que han sido necesarios y que han tenido que importarse con grandes retrasos y excesivos costes. Su escasa valentía y servilismo a intereses particulares, anteponiéndolos al bien común, en esta “guerra contra el virus” ha sido una de las causas de la escasa popularidad de algunos de los gobiernos excesivamente laxos en su exigencia a los poderes económicos y financieros de contribuir al control de la pandemia, muchos de los cuales se han beneficiado enormemente de ella.

La importancia de la vacunación que es necesaria, pero no suficiente

He escrito también extensamente de la importancia de la vacunación tanto en la reducción de la infección como en la disminución de la morbilidad y mortalidad debida a COVID-19. Ni decir tiene que hay distintos tipos de vacunas basadas en distintas concepciones de la relación entre virus e inmunidad.

Y parecería que la técnica mRNA ha sido particularmente eficaz. Iniciada en los países ricos (financiada predominantemente por fondos públicos) pueden también producirse en las industrias farmacéuticas basadas en países pobres, teniendo los recursos propios para así poder hacerlas, en contra de lo que los productores de aquellas vacunas están diciendo, y que de hacerse podría haberse vacunado muchísima gente en estos países pobres disminuyendo la probabilidad de la aparición de nuevas variantes.

Vacunar a los no vacunados, debería continuar siendo un objetivo muy importante, pues la evidencia es contundente de que los no vacunados mueren más que los vacunados. En la presente ola causada por la nueva variante ómicron, el dato más impactante es precisamente el elevado porcentaje de personas no vacunadas que se contagian y mueren debido a esta variante (según estudios recientes en EE.UU., el promedio de contagio es cinco veces mayor para no vacunados en comparación a vacunados, mientras que el número de muertos de no vacunados es 20 veces más alto que entre vacunados). Y también la evidencia es contundente de que las personas no vacunadas son más contagiosas y por más tiempo que las vacunadas.

La vacunación es un eje importante de la estrategia de control de la pandemia, pero no es la única y en ocasiones no es incluso la más importante. Hay países que, con tasas de mortalidad muy bajas como Nueva Zelandia, donde la vacunación ha sido tardía y reciente, cuando todo el periodo desde el principio de la pandemia la mortalidad ha sido bajísima, y ello ha sido debido a las medidas preventivas de salud pública, con la detección y seguimiento de casos, las cuarentenas de las personas infectadas, así como el uso de mascarillas y el mantenimiento de distancias.

En realidad, la pandemia ha mostrado la enorme necesidad de tener buenos y bien dotados servicios de prevención y atención salubrista y sanitarios junto con servicios sociales universales como el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar (servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios de atención a las personas con discapacidades). No es por casualidad que la mayoría de los países escandinavos, con gran desarrollo de sus estados del bienestar (incluido su Cuarto Estado del Bienestar), sean los países europeos que tengan menos desigualdades sociales, por clase social y por género, además de menor mortalidad acumulada COVID-19.

Varios países europeos han intentado cubrir parte de sus déficits de recursos en estos sectores, maximizados por la pandemia, con la importación de profesionales mediante la importación masiva de personal proveniente de países de rentas bajas. Alemania es uno de los más conocidos, siendo el estado de Kerala en la India, uno de los máximos proveedores de enfermeras altamente cualificadas para cubrir las deficiencias del sistema alemán de atención sanitaria.

Tal déficit de recursos ha ocurrido también en España. Habiendo sido, altamente exitosa en su vacunación, no pudo evitar un elevado grado de infectividad debido en parte, a la enorme escasez en sus servicios de salud pública y sanitarios, así como sociales, siendo uno de los países de la UE con menos recursos públicos en los servicios de su Estado del Bienestar.

Este déficit es incluso más acentuado en los servicios de salud pública dentro de un sistema sanitario poco financiado y hospitocéntrico. Ello es causa y consecuencia de la existencia de una dualidad pública versus privada en los servicios sanitarios, alcanzando su máxima expresión en el Estado Español, donde sus funcionarios públicos tienen el derecho de acceder a la sanidad privada (financiada en su caso por el Estado).

Esta situación facilita la perpetuación de tal dicotomía pública (que atiende a la mayoría de la población) y privada (que atiende a una minoría) en uno de los países europeos con mayores desigualdades por clase social, lo cual reproduce la pobreza de la pública, que perjudica a todas las clases sociales incluyendo a las clases pudientes, pues en casos graves como la pandemia, es la pública la que desarrolla las funciones más importantes y su escasez de recursos afecta a todas las clases sociales incluyendo las pudientes. Y es de ahí que la solidaridad, es esencial no solo entre países, sino entre los ciudadanos dentro de un país, para resolver las pandemias. [por: Vicenç Navarro]

Tomado de: Público. Blog informativo y de opinión – 17 enero 2022

De hecho, mucha gente la vio venir.

Especialistas de la salud y activistas de todo el mundo han estado advirtiendo durante más de un año que mientras gran parte de la población mundial permanezca sin vacunarse, es seguro que variantes más agresivas del virus persistan y se desarrollen.

Mientras comenzamos a transitar el tercer año de la pandemia, ya se cuentan más de 277 millones de casos y 5,4 millones de muertes en todo el mundo. La variante ómicron se está propagando a una velocidad sin precedentes. Incluso las personas completamente vacunadas y con dosis de refuerzo se están contagiando. Aun así, la vacunación sigue siendo la mejor forma de evitar caer gravemente enfermos o morir a causa de la COVID-19.

Sin embargo, las vacunas siguen fuera del alcance de gran parte de la población mundial. Muchas de las vacunas y tratamientos efectivos se desarrollaron gracias al dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes, al trabajo de científicos de instituciones de salud pública y a otros recursos públicos.

No obstante, las corporaciones farmacéuticas sacan un rédito exorbitante por la venta de estos productos fundamentales para salvar vidas y retienen las fórmulas de las vacunas mientras millones continúan enfermándose y muriendo. La codicia no debería determinar el curso de esta pandemia.

“Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, debería poder dictar quién vive y quién muere, o ejercer una influencia tan grande que determine si la economía mundial prospera o se paraliza. Pero Moderna está haciendo precisamente eso”, afirmó Diana Kearney, asesora legal y de defensa de los accionistas de la organización Oxfam America.

Kearney hizo estas afirmaciones en un comunicado que acompaña la demanda que presentó Oxfam esta semana ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés. El argumento central de la demanda presentada por Oxfam ante la SEC es una disputa que existe entre Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

En julio, Moderna presentó una solicitud de patente para la vacuna contra la COVID-19 que solo menciona a los científicos que trabajan para la empresa, pero los Institutos Nacionales de Salud alegan que tres de sus propios científicos —John Mascola, Barney Graham y Kizzmekia Corbett—, financiados con fondos públicos, desempeñaron un papel clave en el descubrimiento de la vacuna.

Si el Gobierno de Estados Unidos logra demostrar que tiene derechos sobre la patente, Moderna perdería cierto control sobre cómo se fabrica y distribuye la vacuna.

Oxfam compró acciones de Moderna y, por lo tanto, tiene derechos de accionista. Como empresa que cotiza en bolsa, Moderna debe presentar documentos exhaustivos a la SEC e informar a sus inversores y a la población sobre las finanzas de la empresa, además de explicar los riesgos a los que se enfrenta.

En su demanda, Oxfam alega que Moderna ha estado mintiendo sobre la gravedad del conflicto de patentes que tiene con los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y está ocultando un proceso legal pendiente que podría causar una caída significativa en el precio de sus acciones.

El uso estratégico del derecho bursátil por parte de Oxfam es parte de una estrategia más amplia para lograr la equidad en el acceso a las vacunas. Se trata de la Alianza Vacunas para el Pueblo, una coalición mundial que reclama que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 sea considerado como un bien común, y que estas sean distribuidas de manera justa a todos, en todas partes y de forma gratuita.

Achal Prabhala, coordinador de AccessIBSA, una organización que promueve el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica, es uno de los referentes clave de la campaña.

En conversación con Democracy Now!, Prabhala expresó: “A menos que algo cambie drásticamente en el suministro de vacunas, estamos condenados a repetir estos terribles ciclos de olas, contagios e incertidumbre”. Prabhala es coautor de un reciente informe de AccessIBSA y Médicos sin Fronteras, donde se precisa que existen más de 120 fabricantes en Asia, África y América Latina con los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios para fabricar una vacuna de ARNm.

Al respecto, Prabhala explicó: “Si la tecnología de ARNm que Pfizer, BioNTech y Moderna han desarrollado e implementado… se compartiera con cierto número de estas 120 empresas, podríamos vacunar al mundo en aproximadamente seis meses. No es teórico. De hecho, se basa en un modelo de asociación que empresas como Moderna tienen con fabricantes muy similares, excepto que están ubicados en España en lugar de Bangladesh, Senegal o Túnez”.

Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de las personas en países de altos ingresos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que en los países de bajos ingresos, menos de una décima parte de la población ha recibido una dosis.

Todavía hay países, principalmente en África, donde la tasa de vacunación es igual o menor al uno por ciento.

Prabhala afirmó: “[El levantamiento de las restricciones de las patentes] reduce el dominio de Moderna, Pfizer y BioNTech sobre estas vacunas y socava las exorbitantes decenas de miles de millones de dólares de ganancias e ingresos que pueden obtener vendiéndoles las vacunas a los países pobres en los próximos años, una vez que hayan terminado con los países ricos”.

Achal ofrece una solución: “El presidente Biden puede llevar a Moderna a la Casa Blanca, sentar a sus ejecutivos a la mesa, decirles que tenemos leyes que pueden obligarlos a hacer lo que les pedimos que hagan, pero que preferimos que simplemente lo hagan, encontrarle la vuelta al acuerdo y luego dar por cerrado el asunto y atribuirse el mérito de vacunar al mundo”.

Vacunar al mundo es la forma de salir de esta pandemia. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.

Tomado de: Rebelión -26 diciembre 2021

La epidemia llegó, tomó su bautismo y visas múltiples, traspasó las fronteras hasta tornarse pandemia y ahora, menos o más confinados según los perfiles nacionales de las cuarentenas, los seres humanos corrientes, simples tripulantes de la nave, estamos hartos de tanto sueño y de semejante silencio.

Todavía la potencia arcaica se enfrasca en un ping pong de culpas con China por el gentilicio del virus, sin darse cuenta de que, en este juego, o nos ponemos del mismo lado, como especie atacada, o perderemos por más amplio marcador.

El punto débil no está a lo interno de nuestros cuerpos; lo que ha fallado es el modelo planetario, el sistema inmunológico de la humanidad, tan vulnerable que parece un milagro que no cayéramos antes en este laberinto. A nivel global, las prácticas profundas contradicen el espíritu protector representado en la emergencia de los nasobucos o barbijos.

Para escribir La fábrica de pandemias, su último libro, la periodista francesa Marie-Monique Robin dialogó con 62 científicos de todo el mundo que le confesaron una certeza perturbadora: «Todos estaban muy deprimidos por lo que estaba pasando, porque sabían que iba a ocurrir, y también muy tristes de ver que seguimos en la misma dirección».

Los entrevistados de Robin sostienen no solo que la COVID-19 es apenas la parte visible de un fenómeno global provocado en buena medida por la actividad humana, sino también que, de no acabar con sus causas —ecológicas ellas y provocadas por la torpeza del hombre—, más adelante viviremos (o moriremos) lo que llaman una «epidemia de pandemias», cuya naturaleza no requiere mayores explicaciones.

La colega francesa recibió de estos científicos los detalles de un nuevo paradigma llamado «Una salud», dirigido a interconectar los programas sanitarios humanos con los de los animales y los ecosistemas en general, habida cuenta de las atroces consecuencias que las brechas con otras especies —cerdos, vacas, aves, murciélagos…— nos han traído mientras, en nombre de la economía y el progreso, son asolados con toda tranquilidad sus requerimientos o hábitats originarios.

La pandemia actual no es una maldición bíblica, sino parte de una crisis civilizatoria conocida como el antropoceno, dada la responsabilidad directa que la especie tan autosuficiente que somos tiene en los destrozos causados en el «lugar del crimen»: el planeta Tierra. El cambio climático, la pérdida continua de biodiversidad y los desequilibrios que implican son las pruebas principales.

¿Quedará algún terrícola que no sepa, por estudio o intuición, en nombre de qué y de quién se asola la naturaleza? Muchos, entonces, optan por llamar a esta crisis la del capitaloceno, porque el término alude directamente al resultado de la acumulación capitalista a cualquier precio.

Latitud a latitud, capa a capa, árbol por árbol, piedra bajo piedra… se violan los refugios naturales y especies enteras se ven —sin la conciencia cuestionable del mayor depredador— obligadas a una estampida que, a la larga, entraña posibilidad de desaparición y riesgos patológicos a terceros.

También la defensa inmunológica de los animales se compromete y, en ese declive que parece carambola, hay una amenaza muy directa para el hombre.

Los pueblos quedaron esperando los frutos gozosos de la globalización. Nunca llegaron; parece que para ellos no hubo libertad de viajes. Lo que sí trajo en abundancia para el tercer mundo ese proceso —anunciado como panacea allá por los años ‘90—, fue una devastación ecológica que engrosó, en lugar de las arcas nacionales, la desigualdad. Una pandemia más, una menos, es parte de la factura.

Además del concepto de «Una salud», el pensamiento progresista defiende la idea de la «Salud planetaria», centrada en los vínculos entre la sanidad humana y los sistemas políticos, económicos y sociales que la sustentan, así como con los sistemas naturales de que depende el destino de la civilización.

Estas ideas implican la lucha por una filosofía de vida que frene el orden neoliberal en función del avance social, desde el respeto al mundo natural. Ello se emparenta con las ideas de Buen vivir y reverencia a la Pachamama defendidas, entre otros, por los ya expresidentes —acosados ambos por el gran capital— Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente.

No, no se les puede poner precio a la Naturaleza ni etiquetas económicas a los pueblos, pero se ha hecho. Ante la conmoción resultante, ha vuelto a la palestra la corriente de la colapsología, criticada por su acento radical, pero plenamente coherente con una época en que, además de la soledad —que ya lo era antes de esta era de encierro—, la otra gran peste de nuestra especie parece ser el miedo.

Muy vinculada con el problema del cambio climático y con la condena de la explotación extrema de los recursos naturales, la colapsología, nacida en Francia, alerta del hundimiento generalizado de la civilización industrial a causa de un modelo extractivo agotado en más de dos siglos, pero no lo hace —vale apuntarlo— desde el simple lamento; también llama a cambiar el panorama con solidaridad en vez de competencia.

Si bien en su ensayo Antes del colapso, Yves Cochet, ecologista y exministro de Medio Ambiente de Francia, prevé un hundimiento global antes de 2030 y sostiene que con el nuevo coronavirus «nos dimos cuenta de que no estábamos en absoluto preparados y que por lo tanto todo esto está llegando antes de lo que pensábamos», se abstiene de afirmar que la pandemia marque el derrumbe general. «Es demasiado temprano para saber si es demasiado tarde», señala.

Ese juego de temporalidades remite a reportes de prensa que a inicios de año informaban que en el simbólico «Reloj del juicio final» estamos, como en 2020, a solo cien segundos del apocalipsis, más cerca que nunca de lo que los científicos atómicos llaman «la medianoche» o fin de la humanidad. ¿Por la pandemia? No, por la mala gestión global frente a ella.

«La letal pandemia de COVID-19 sirve como una “llamada de atención” histórica, una ilustración vívida de que los Gobiernos y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas que verdaderamente pueden poner fin a la civilización humana, como las armas nucleares y el cambio climático», comunicó el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a 13 premios Nobel.

Esta iniciativa, que mensura en tiempo los graves peligros de la humanidad, no es reciente. Fundado en 1945 por Albert Einstein y académicos de la Universidad de Chicago, el Boletín de los Científicos Atómicos creó el Reloj del juicio final dos años más tarde, usando la imagen del apocalipsis, traducido como «medianoche», y la cuenta regresiva hasta cero, como en los experimentos nucleares, para ilustrar las amenazas severas a la humanidad.

En sus inicios, tras la Segunda Guerra Mundial, el Reloj del apocalipsis apuntaba a siete minutos antes de la medianoche; en 1991, cuando el supuesto final de la Guerra Fría, retrocedió a 17 minutos antes de la medianoche, pero en 1953, 2018 y 2019 estuvo a dos minutos de la medianoche.

El corazón humano es un reloj… de sangre. Frente a angustia similar, el escritor italiano Paolo Giordano se abrió el pecho en confesión a inicios del año pasado en su libro En tiempos de contagio, cuando el SARS-CoV-2 era aún un bebé diabólico: «No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí».

Habrá que cambiar. Habrá que sincronizar los miedos y los valores. El virus hizo del mundo un solo país, «suyo», y hay que desalojarlo con mucho más que vacunas. No debemos esperar el lúgubre pronóstico de una «Enfermedad Y» para parar de una vez el minutero que evoca las amenazas a la existencia.

Tomado de: Periódico Juventud Rebelde – 14 agosto 2021

El reporte señala que el año pasado se registraron cerca de 15 mil manifestaciones violentas y disturbios a nivel global, y de ellas, más de cinco mil tuvieron como trasfondo las medidas impuestas para evitar la propagación de la enfermedad.

Países como India, Chile, Italia, Francia, Alemania y Sudáfrica estuvieron entre los más afectados por las protestas contra los confinamientos, mientras que la República Checa, Estonia, Suiza, Lituania, Noruega, Países Bajos e Irlanda, entre otros, están en una mejor posición para recuperarse de la COVID-19.

El Índice Global de Paz de 2020 apunta, además, que las muertes asociadas al terrorismo disminuyeron por sexto año consecutivo, mientras se observaron señales de una reducción de la militarización de la sociedad.

Por regiones geográficas, el Medio Oriente y el norte de África siguen siendo las zonas menos pacíficas, aunque registraron mejoras, mientras que la inestabilidad política insuflada por la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos hizo que América del Norte sufriera el peor deterioro, seguido por América del Sur, donde aumentaron los crímenes violentos y los desórdenes.

En Centroamérica y el Caribe, nueve países bajaron en la escala, pero Nicaragua, Haití y Guatemala subieron algunos escaños con respecto al informe anterior, y Cuba aparece en el puesto 87 en una lista encabezada por Islandia como la nación más pacífica, y que termina con Afganistán como el más inestable.

La pandemia de COVID-19 aceleró los cambios en la tranquilidad mundial, y aunque hubo un descenso en los conflictos y el terrorismo en 2020, la inestabilidad política y las manifestaciones violentas aumentaron, afirmó Steve Killelea, empresario australiano fundador y presidente ejecutivo del Instituto para la Economía y la Paz.

Killelea consideró además que el impacto económico de la COVID-19 creará una incertidumbre aún mayor, en particular en aquellos países que enfrentaban serias dificultades antes de que se desatara la enfermedad.

El Instituto para la Economía y la Paz se presenta a sí mismo como un instituto de investigación global independiente sin fines de lucro, que analiza las relaciones entrelazadas entre los negocios, la paz y el desarrollo económico.

Tiene su sede principal en Sídney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya.

Tomado de: Cubadebate (Con información de Prensa Latina) – 17 junio 2021

Cuarenta años después, la nación isleña comunista podría estar en la cúspide de un avance singular: convertirse en el país más pequeño del mundo en desarrollar no solo una, sino múltiples vacunas contra el coronavirus .

Se están desarrollando cinco vacunas candidatas, dos en ensayos de última etapa con el objetivo de una implementación más amplia para mayo. En caso de que tuvieran éxito, las vacunas serían una proeza de destreza médica contra todo pronóstico, así como un golpe de relaciones públicas, para un país aislado de 11 millones que se agregó nuevamente a la lista de Estados Unidos de patrocinadores estatales del terrorismo en el últimos días de la administración Trump.

Los funcionarios cubanos dicen que están desarrollando sueros baratos y fáciles de almacenar. Pueden durar semanas a temperatura ambiente y en almacenamiento a largo plazo de hasta 46,4 grados, lo que potencialmente los convierte en una opción viable para los países tropicales de bajos ingresos que han sido apartados por naciones más grandes y ricas en el scrum internacional. para las vacunas contra el coronavirus.

También podrían convertir a Cuba en el farmacéutico de las naciones agrupadas por Washington en el “Eje del mal” y la “Troika de la tiranía”. Irán y Venezuela han firmado acuerdos de vacunas con La Habana. Irán acordó albergar una prueba de Fase 3 de uno de los candidatos más prometedores de Cuba, Soberana 2, como parte de un acuerdo de transferencia de tecnología que podría ver millones de dosis fabricadas en Irán.

“Tenemos una gran confianza en la ciencia médica y la biotecnología cubanas”, dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza a The Washington Post esta semana. “No solo será fundamental para Venezuela, sino para América. Será la verdadera solución para nuestra gente ”. […]

Si los ensayos de Fase 3 son positivos, dijeron las autoridades cubanas esta semana, pasarían a un vasto “estudio de intervención” que inocularía a casi todos los residentes de La Habana, o 1,7 millones de personas, para mayo. Para agosto, su objetivo sería llegar al 60 por ciento de la población nacional, y el resto recibiría dosis para fin de año.

Si se alcanza, ese ambicioso objetivo podría ubicar a Cuba, un país donde el investigador científico promedio gana alrededor de $ 250 al mes, entre las primeras naciones del mundo en alcanzar la inmunidad colectiva, lo que la coloca en una posición para atraer turistas de vacunas y exportar excedentes de lo que los funcionarios afirman que podría llegar a 100 millones de dosis para fin de año.

[Por Anthony Faiola, Ana Vanessa Herrero con la colaboración de
Kareem Fahim. Fragmentos de artículo de
The Washington Post / Traducción Cubadebate]

Vea el texto completo en: Cubadebate – 30 marzo 2021

“La verdad es que todos los avances que se estaban haciendo en erradicación de la pobreza, erradicación del hambre y en muchos otros aspectos en todo el mundo, todo ese progreso, está en entredicho”, expresó el dilpomático.

“En algunos aspectos estamos retrocediendo 25 años”, continuó el secretario general. En este sentido, recalcó la necesidad de todos los países de “redoblar esfuerzos” y asegurarnos de que todos los recursos “se apliquen en consonancia con las metas de desarrollo sostenible”.

Además, el jefe de la ONU indicó que se necesitan 35.000 millones de dólares adicionales para la Organización Mundial de la Salud (OMS) —junto a los 3.000 millones asignados hasta ahora— para apoyar su programa de respuesta a la COVID-19. 15.000 millones de estos fondos se necesitan en los próximos tres meses, recordó.

Vea más información en la noticia completa.

Fuente: Cubadebate – 19 septiembre 2020

Sobre el porqué detrás de esta maniobra de silenciamiento, y las verdades que hoy está visibilizando la crisis generada por el nuevo Coronavirus, nos comenta la periodista Jennifer Zubizarreta, desde Canal Caribe.

Vea el webcast.